El contrabando de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”, se ha convertido en una de las mayores amenazas para las finanzas públicas de México. Este esquema ilícito, que representa entre el 30 y el 40 por ciento de la gasolina y diésel comercializados en el país, genera pérdidas de más de 150 mil millones de pesos al año, según expertos. Este dinero, que podría destinarse a mejorar servicios públicos, se esfuma en un negocio que opera con la aparente complicidad de autoridades y empresas.
El consultor energético Ramsés Pech explica que el huachicol fiscal consiste en declarar combustibles como si fueran lubricantes o aceites para evadir impuestos como el IEPS. Desde 2020, las importaciones de estos productos han crecido de manera sospechosa, sin justificación económica clara. Este truco permite a los contrabandistas introducir gasolina y diésel sin pagar los impuestos correspondientes, afectando directamente al erario y a Petróleos Mexicanos.
El impacto económico es devastador. Según Petrointelligence, en 2024, el huachicol fiscal costó al gobierno 177 mil millones de pesos, una cifra que supera el presupuesto anual de la Secretaría de Energía. Esto no solo perjudica las finanzas públicas, sino que también pone en desventaja a las empresas que operan legalmente, enfrentándolas a una competencia desleal.
El esquema no se limita a las fronteras. Dentro del país, estaciones de servicio adquieren combustibles robados sin facturas legítimas, lo que dificulta su rastreo. Este mercado negro, alimentado por tomas clandestinas en ductos de Pemex y contrabando en puertos, opera con una impunidad que señala fallas graves en la vigilancia y control aduanero.
Carlos García, director de Valero, reconoce que las autoridades han intentado contrarrestar este problema, pero critica que han permitido su crecimiento descontrolado. Entre el 30 y el 40 por ciento del combustible comercializado en México es de origen ilícito, lo que evidencia una crisis que va más allá de lo económico y toca la seguridad nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una nueva estrategia para combatir el huachicol fiscal, centrada en la trazabilidad de los combustibles y mayores controles en aduanas y puertos. Sin embargo, las promesas de acción contrastan con la magnitud del problema, que parece seguir creciendo bajo la mirada de un gobierno que no logra frenarlo.
Un ejemplo reciente de esta lucha es el decomiso de 10 millones de litros de combustible en un buque proveniente de Texas, en marzo pasado. Este operativo, uno de los más grandes en la historia, reveló la sofisticación de las redes que introducen combustible disfrazado de otros productos. Sin embargo, este golpe apenas rasguña la superficie de un negocio multimillonario.
El huachicol fiscal no solo roba recursos al país, sino que también alimenta redes de corrupción que involucran a empresarios, funcionarios y, en algunos casos, al crimen organizado. Mientras el gobierno promete soluciones, la pregunta sigue siendo si estas medidas serán suficientes para desmantelar un sistema que parece profundamente arraigado en las estructuras del país.
La magnitud de las pérdidas pone en perspectiva el desafío: el dinero evadido podría reducir el precio de la gasolina Magna en casi 3 pesos por litro, beneficiando directamente a los consumidores. Sin embargo, sin una acción contundente, este cáncer financiero seguirá drenando los recursos de México.