El ejército mexicano, históricamente un pilar de la defensa nacional, ha experimentado un cambio drástico en su rol durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Fundado en 1913 para proteger la soberanía y el orden constitucional, su misión se centraba en la seguridad del país. Sin embargo, en los últimos años, los militares han sido asignados a tareas que van mucho más allá de sus funciones tradicionales, levantando cuestionamientos sobre su papel en la sociedad mexicana.
Bajo la administración de López Obrador, el ejército fue colocado al frente de proyectos de infraestructura de gran escala. Desde la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, los militares asumieron roles de administradores y contratistas. Estas decisiones han generado críticas, pues muchos consideran que se desvía a las fuerzas armadas de su propósito original, exponiéndolas a riesgos de corrupción y desgaste institucional.
La creación de la Guardia Nacional en 2019 marcó otro punto de inflexión. Este cuerpo, que reemplazó a la Policía Federal, está bajo control militar y ha sido señalada por su creciente presencia en tareas de seguridad pública. Aunque se prometió que el ejército regresaría a los cuarteles, la militarización de la seguridad se intensificó, con más de 130 mil elementos desplegados y la construcción de 500 nuevos cuarteles en el país.
Las críticas no se han hecho esperar. Expertos advierten que destinar al ejército a labores civiles, como la administración de aduanas o aeropuertos, compromete su preparación para enfrentar amenazas reales a la seguridad nacional. Además, la falta de experiencia de los militares en estas áreas ha llevado a cuestionar la eficiencia y transparencia en el manejo de recursos públicos.
El empoderamiento del ejército también ha generado preocupación por el equilibrio de poder. Durante el sexenio, se otorgaron a los militares contratos millonarios y un control sin precedentes sobre proyectos clave. Esto ha llevado a especulaciones sobre la lealtad de las fuerzas armadas, con algunos analistas sugiriendo que podrían priorizar los intereses de quienes les han dado tanto poder, en lugar de servir a la nación en su conjunto.
La política de “abrazos, no balazos” de López Obrador, que buscaba reducir la confrontación con el crimen organizado, ha sido otro punto de controversia. Mientras el ejército se ocupaba de obras públicas, la violencia en el país no cedió. Con casi 200 mil homicidios registrados durante el sexenio, muchos critican la falta de resultados en materia de seguridad, a pesar de la fuerte presencia militar en las calles.
La relación entre el ejército y el gobierno actual también ha sido objeto de escrutinio. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, se esperaba un posible cambio de rumbo. Sin embargo, la continuidad de la militarización y la influencia de López Obrador en las decisiones políticas han generado dudas sobre si el ejército seguirá siendo una extensión del poder político en lugar de un cuerpo autónomo.
El futuro del ejército mexicano está en el centro del debate. Mientras algunos defienden su nuevo rol como una forma de fortalecer la soberanía nacional, otros advierten que su involucramiento en tareas civiles podría debilitar la democracia. La pregunta persiste: ¿debe el ejército seguir administrando obras o regresar a su función original de proteger al país?