El gobierno de Donald Trump ha hecho de las deportaciones masivas una prioridad desde su llegada a la Casa Blanca. Su administración ha implementado tácticas agresivas para cumplir con esta promesa de campaña, enfocándose en expulsar a millones de migrantes indocumentados. Entre las estrategias, destaca la presión a países para que acepten a deportados, incluso a aquellos que no son sus ciudadanos, y la eliminación de protecciones migratorias establecidas previamente.
Una de las tácticas principales es dirigirse a lo que el gobierno llama “los peores de los peores”, refiriéndose a personas con antecedentes penales. Sin embargo, las operaciones también afectan a quienes están cerca de ellos, ampliando el alcance de las redadas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus esfuerzos, realizando arrestos en ciudades santuario y eliminando restricciones para operar en escuelas, hospitales y lugares de culto.
El gobierno de Trump enfrenta un desafío logístico significativo, ya que algunos países se niegan a recibir a sus ciudadanos deportados. Para sortear esto, han firmado acuerdos con naciones como El Salvador, que aceptó recibir a venezolanos acusados de pertenecer a pandillas. También se han explorado opciones controvertidas, como enviar migrantes a países como Libia o Sudán del Sur, según reportes recientes.
Otra estrategia clave es la revocación de programas migratorios implementados por la administración de Joe Biden. Entre ellos, el permiso humanitario, que permitió la entrada legal de cerca de 1.5 millones de personas, y el Estatus de Protección Temporal (TPS), que protegía a migrantes de países en crisis. Si los tribunales lo permiten, cientos de miles podrían quedar vulnerables a la deportación.
El gobierno también busca que los migrantes se vayan voluntariamente. A través de campañas en redes sociales y televisión, se alienta a las personas indocumentadas a regresar a sus países de origen, advirtiendo sobre multas y prohibiciones de reingreso a Estados Unidos. Esta táctica se suma a las redadas masivas, que han generado temor en comunidades migrantes.
En los primeros meses de la administración Trump, ICE reportó más de 32,000 arrestos y cerca de 37,000 deportaciones entre enero y marzo de 2025. Estas cifras, aunque significativas, están por debajo de las metas ambiciosas del gobierno, que aspira a deportar un millón de personas en su primer año. Expertos señalan que los obstáculos logísticos y financieros dificultan alcanzar este objetivo.
La oposición no se ha hecho esperar. Ciudades santuario y estados liderados por demócratas, como California, han prometido resistir estas políticas. Organizaciones de derechos civiles y universidades también están desafiando las deportaciones en tribunales, argumentando violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
En América Latina, las reacciones varían. México ha fortalecido sus consulados y creado programas para apoyar a los deportados, mientras que Colombia inicialmente se resistió a recibir vuelos militares con migrantes, generando tensiones comerciales con Estados Unidos. Países como Brasil han criticado las condiciones de las repatriaciones, exigiendo respeto a los acuerdos bilaterales.
A medida que las operaciones avanzan, el impacto económico y social se hace evidente. Sectores como la agricultura, la construcción y la hospitalidad reportan problemas por el temor a las redadas. Además, la retórica antimigrante de Trump ha generado un clima de miedo entre los 11 millones de indocumentados estimados en el país.
El futuro de estas políticas sigue siendo incierto, con batallas legales en curso y una ciudadanía dividida. Mientras el apoyo a deportar criminales es casi unánime, las opiniones se fragmentan cuando se trata de migrantes sin antecedentes o con lazos familiares en Estados Unidos. La administración Trump, sin embargo, no muestra señales de retroceder en su cruzada migratoria.