En México, cerca de 2,000 mujeres están privadas de su libertad por delitos relacionados con drogas, muchas de ellas atrapadas en un sistema que las condena sin justicia. La mayoría son víctimas del narcotráfico y de un entorno que las arrastra a situaciones de violencia y desigualdad, pero el gobierno parece ignorar su realidad.
Historias como la de Alex, quien pasó casi tres años en prisión por posesión y comercio de narcóticos, revelan una verdad dolorosa. Ella asegura ser inocente, atrapada por un sistema donde “no hay justicia” y se castiga a quienes no tienen recursos para defenderse. Su caso no es aislado; miles enfrentan lo mismo.
El aumento del encarcelamiento femenino es alarmante. En los últimos seis años, el número de mujeres presas creció un 22%, según la organización Equis Justicia. Sin embargo, el mercado de drogas sigue intacto, mientras estas mujeres pagan el precio de una guerra fallida contra el narco.
Muchas de estas mujeres no son delincuentes, sino víctimas de relaciones de poder desiguales. Según Angela Guerrero, del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, el 80% de las mujeres entrevistadas en el Cefereso 16 fueron manipuladas por parejas, familiares u hombres en posiciones de poder, enfrentando todo tipo de violencia.
El sistema judicial no ayuda. Las fiscalías no investigan a fondo, los abogados no defienden adecuadamente y los jueces carecen de un enfoque de género. Esto perpetúa un ciclo de injusticia que castiga a las más vulnerables mientras los verdaderos responsables siguen libres.
A esto se suma una nueva exclusión: ninguna de estas mujeres podrá votar en las elecciones judiciales del 1 de junio. El Instituto Nacional Electoral argumenta falta de recursos, dejando a las presas en prisión preventiva sin voz en un proceso histórico.
Organizaciones como Equis Justicia y el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social señalan que esta situación refleja un problema más grande: una política de seguridad que alimenta la idea de resultados en una guerra contra las drogas que solo victimiza a las más débiles.
La realidad de estas mujeres es un grito de alerta sobre un sistema que falla en protegerlas y las condena sin piedad. Mientras el gobierno presume avances, miles de historias de injusticia quedan silenciadas tras las rejas.
El panorama no cambia. Las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, como las 29 recientes, no tocan el corazón del problema. Las mujeres en prisión son el rostro olvidado de una estrategia que no aborda las raíces de la violencia y la desigualdad.
La lucha por la justicia para estas mujeres apenas comienza. Sus voces, aunque silenciadas, resuenan como un recordatorio de que el sistema debe cambiar para dejar de castigar a las víctimas y empezar a perseguir a los verdaderos culpables.