El partido Morena, en un movimiento que refleja su preocupación por la participación ciudadana, ha dado instrucciones claras a gobernadores y liderazgos locales para movilizar a la mayor cantidad de personas posible hacia las urnas. El objetivo es alcanzar al menos un 20% de votación en la próxima elección para renovar el Poder Judicial, una meta que revela la inquietud de la llamada 4T ante un posible rechazo popular.
La estrategia de Morena se centra en garantizar una alta participación, especialmente después de que la reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha generado controversia. La percepción de que esta elección podría ser vista como una farsa ha llevado al partido a redoblar esfuerzos para evitar un fracaso que ponga en duda su legitimidad.
Fuentes cercanas al partido señalan que los gobernadores de los estados controlados por Morena han recibido órdenes directas de organizar operativos de movilización. Desde el uso de programas sociales hasta la coordinación con líderes comunitarios, el acarreo se ha convertido en una herramienta clave para asegurar que las urnas reflejen el apoyo que el partido espera.
En Chihuahua, por ejemplo, se ha observado un aumento significativo en la participación en ejercicios como el presupuesto participativo. En Ciudad Juárez, la votación en este mecanismo casi se duplicó en 2025 en comparación con el año anterior, alcanzando los 180 mil votantes. Este dato, que representa casi la mitad de los votos que obtuvo el alcalde Cruz Pérez Cuéllar en su reelección, levanta sospechas sobre la autenticidad de la movilización.
En la capital del estado, la participación en el presupuesto participativo también mostró números elevados, aunque ligeramente menores que en 2024. Más de 84 mil ciudadanos acudieron a las urnas, un esfuerzo que, según críticos, busca preparar el terreno para la elección judicial y contrarrestar la narrativa de apatía ciudadana.
La sombra de la desconfianza planea sobre este proceso. La sensación de que la Presidencia, Morena y la 4T están manipulando el sistema judicial para imponer a sus aliados ha generado críticas. La falta de un diagnóstico claro que justifique la reforma judicial alimenta la percepción de que el proceso carece de transparencia.
Además, el uso de recursos públicos para movilizar votantes no es nuevo en el repertorio de Morena. En el pasado, se han denunciado prácticas similares en elecciones locales, donde los programas sociales han sido utilizados como incentivo para garantizar la participación. Esta táctica, aunque efectiva en el corto plazo, podría erosionar aún más la confianza en las instituciones.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha prometido una ampliación presupuestal al INE para la elección judicial, enfrenta el desafío de convencer a la ciudadanía de la legitimidad de este proceso. Sin embargo, las acciones de Morena sugieren que la prioridad no es la transparencia, sino asegurar un resultado favorable a cualquier costo.
La oposición, por su parte, ha aprovechado esta situación para señalar las irregularidades. Voces críticas advierten que el fortalecimiento del acarreo no solo pone en riesgo la democracia, sino que también profundiza la polarización en un momento clave para el país.
A medida que se acerca la elección, la ciudadanía observa con escepticismo. La pregunta no es solo si Morena logrará su meta de participación, sino si el costo de estas prácticas comprometerá aún más la credibilidad de un proceso que, desde su inicio, ha estado envuelto en controversia.