Chihuahua enfrenta una alarmante ola de violencia que parece no tener fin. En lo que va de 2025, el estado ha registrado 13 carpetas de investigación por feminicidio, una cifra que pone en evidencia la gravedad de la situación. La inseguridad, lejos de disminuir, se agrava, dejando a las mujeres como las principales víctimas de un sistema que no logra protegerlas.
El Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua ha alzado la voz ante esta crisis. Deyanira Ozaeta, coordinadora estatal del partido, señaló que la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles insostenibles. En un reciente pronunciamiento, destacó que los feminicidios no son casos aislados, sino el reflejo de una problemática estructural que el gobierno no ha sabido atender.
En el municipio de Parral, el caso de la maestra Lucero Zapién sacudió a la comunidad. Su asesinato, ocurrido en mayo, es uno de los tantos que han indignado a la población. A este se suma el feminicidio de Miriam Serlene en Guachochi, ambos en un lapso de menos de 24 horas, lo que demuestra la urgencia de acciones concretas.
La impunidad es un factor que agrava la situación. Según Ozaeta, las autoridades han mostrado lentitud e ineficiencia en la investigación de estos crímenes. Las denuncias previas de violencia, como las presentadas por Lucero Zapién, no fueron atendidas a tiempo, lo que permitió que la tragedia se consumara.
El PT ha cuestionado directamente la estrategia de seguridad del gobierno estatal. A pesar de los recursos destinados a la Secretaría de Seguridad Pública, los resultados son mínimos. La violencia no solo persiste, sino que se incrementa, dejando a las familias en un estado de indefensión y miedo constante.
Chihuahua no es un caso aislado. A nivel nacional, la violencia de género sigue siendo un problema alarmante. En 2024, se reportaron 198 homicidios dolosos de mujeres en el estado, de los cuales 43 fueron clasificados como feminicidios. Ciudad Juárez y la capital siguen figurando entre los municipios más peligrosos para las mujeres.
La falta de políticas efectivas para prevenir la violencia de género es otro punto crítico. Las autoridades han sido señaladas por no implementar medidas integrales que protejan a las mujeres en situación de riesgo. Los programas de atención a víctimas, según el PT, son insuficientes y carecen de impacto real.
La indignación crece entre la ciudadanía, que exige justicia para las víctimas. Casos como el de Dayra Rocío González, síndica de Guachochi asesinada hace dos años, siguen sin resolverse. La falta de avances en las investigaciones alimenta la percepción de que los responsables pueden actuar sin consecuencias.
La situación en Chihuahua refleja un problema más amplio: la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de las mujeres. Mientras los feminicidios continúan, las promesas de cambio se quedan en discursos vacíos, y la sociedad exige soluciones inmediatas.
El PT ha hecho un llamado a redoblar esfuerzos para combatir esta crisis. La seguridad de las mujeres, insisten, debe ser una prioridad absoluta. Sin embargo, mientras las autoridades no actúen con decisión, Chihuahua seguirá atrapado en una espiral de violencia que cobra vidas inocentes.