La presidenta Claudia Sheinbaum ha levantado la voz contra una propuesta en Estados Unidos que pretende imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes mexicanos. Este gravamen, impulsado por legisladores republicanos, ha generado una fuerte controversia, y México no se queda de brazos cruzados ante lo que considera una medida injusta y discriminatoria.
Sheinbaum calificó el impuesto como inconstitucional en Estados Unidos, argumentando que los migrantes mexicanos ya pagan impuestos en ese país. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que este proyecto no solo afecta a México, sino que viola tratados internacionales firmados entre ambas naciones, como el que evita la doble tributación.
El gobierno mexicano ha tomado medidas rápidas para contrarrestar esta iniciativa. El canciller Juan Ramón de la Fuente confirmó que se envió una carta a los congresistas estadounidenses el 13 de mayo, exponiendo las razones por las que este impuesto es inaceptable. Entre los argumentos, se destacó que los migrantes contribuyen significativamente a la economía de Estados Unidos, generando 2.1 billones de dólares al PIB de ese país.
Además, Sheinbaum ha hecho un llamado a los mexicanos en Estados Unidos para que se movilicen. La presidenta instó a los migrantes a enviar cartas y mensajes a través de redes sociales a sus congresistas, expresando su rechazo a esta medida que consideran un ataque directo a las familias que dependen de las remesas para sobrevivir.
Las remesas son un pilar fundamental para la economía mexicana. En 2024, México recibió un récord de 64,745 millones de dólares, lo que representa casi el 4% del PIB nacional. Estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato son especialmente beneficiados, donde estas transferencias representan más del 20% del ingreso familiar en muchas comunidades.
La propuesta, conocida como “El Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley”, busca financiar recortes fiscales en Estados Unidos, pero a costa de los migrantes. Edgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda, subrayó que este impuesto contravendría el artículo 25 del tratado bilateral que prohíbe gravámenes discriminatorios, afectando a más de 40 millones de personas, incluyendo a residentes legales.
A pesar de un revés inicial en el Congreso estadounidense, donde un grupo de republicanos bloqueó el plan fiscal, la amenaza persiste. Sheinbaum advirtió que la discusión volverá a la mesa, por lo que México mantendrá una estrategia diplomática activa, incluyendo reuniones con el Caucus Hispano y organizaciones de migrantes en Estados Unidos.
El embajador mexicano, Esteban Moctezuma, se ha reunido con legisladores estadounidenses para exponer las graves consecuencias de este impuesto. Por su parte, senadores mexicanos viajaron a Washington para dialogar con el Caucus Hispano, que también considera la medida como injusta y perjudicial para las comunidades migrantes.
Recientemente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos redujo el impuesto propuesto de 5% a 3.5%, un avance que Sheinbaum calificó como positivo, pero insuficiente. La mandataria aseguró que su gobierno continuará luchando para que no se aplique ningún gravamen, defendiendo los derechos de los migrantes y la economía de millones de familias mexicanas.
La batalla contra este impuesto no solo es económica, sino también política. México se posiciona como el único país que ha alzado la voz de manera activa contra esta medida, demostrando un compromiso firme con sus ciudadanos en el exterior y enviando un mensaje claro: las remesas no deben ser una herramienta para financiar políticas discriminatorias.