El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que los datos biométricos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil están en revisión. Esta medida, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, busca supuestamente fortalecer la seguridad, pero ha desatado una ola de críticas por sus posibles riesgos a la privacidad de los mexicanos.
El padrón, aprobado en 2021, obliga a los usuarios de telefonía móvil a registrar datos sensibles como huellas dactilares, iris, rostro o voz. Según Monreal, las reformas en discusión pretenden “atenuar cualquier situación” que vulnere derechos. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se protegerán estos datos genera desconfianza en un país donde las filtraciones de información son un problema recurrente.
Críticos advierten que este registro masivo de datos biométricos podría convertirse en una herramienta de vigilancia del gobierno. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han señalado que México se alinea con países autoritarios al exigir esta información, comparándolo con sistemas en China o Venezuela. La pregunta es: ¿quién garantiza que estos datos no caerán en manos equivocadas?
Monreal insiste en que las reformas se ajustarán para cumplir con la Constitución y respetar los derechos humanos. En reuniones con el titular de la Secretaría de Seguridad, se discutieron las iniciativas de la Ley de Investigación e Inteligencia y la Ley de Seguridad Pública. Según el legislador, se busca evitar abusos, pero las promesas no convencen a todos.
La oposición, encabezada por figuras como Rubén Moreira del PRI, exige transparencia. Moreira subraya que el acceso a datos biométricos debe estar estrictamente regulado y solo permitido bajo órdenes del Ministerio Público. Sin embargo, la experiencia con bases de datos anteriores, como el fallido Renaut, alimenta el escepticismo sobre la capacidad del gobierno para proteger la información.
El historial de filtraciones en México no ayuda a calmar los ánimos. En el pasado, datos del Renaut terminaron en el mercado negro, y casos recientes de extorsión telefónica muestran que los delincuentes ya acceden a información personal. La posibilidad de que una base de datos biométrica sea hackeada o vendida es una preocupación latente.
Monreal también destacó que las reformas buscan combatir delitos como la extorsión o el uso de identidades falsas por parte de criminales. No obstante, expertos argumentan que estas medidas no garantizan reducir la delincuencia, ya que los criminales pueden usar chips no registrados o suplantar identidades. La efectividad de este padrón está en entredicho.
El debate sobre el padrón telefónico no es nuevo. Desde su creación, ha enfrentado recursos legales y críticas por violar la privacidad y la presunción de inocencia. La obligación de entregar datos biométricos para mantener una línea activa ha sido señalada como desproporcionada, especialmente para las personas más vulnerables.
A medida que las reformas avanzan, la presión crece para que el gobierno de Morena detalle cómo protegerá los datos de millones de mexicanos. La falta de un plan claro y las promesas vagas de Monreal no hacen más que aumentar la incertidumbre sobre un proyecto que, lejos de generar seguridad, podría convertirse en una amenaza para la privacidad.
Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas. ¿Será este padrón una herramienta para combatir el crimen o un paso más hacia el control total de la información personal? La revisión de estas reformas será clave para determinar si el gobierno prioriza la seguridad o pone en riesgo los derechos fundamentales de los mexicanos.