El gobierno de Donald Trump ha sacudido nuevamente la estructura de la Casa Blanca con la destitución de más de 100 funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo clave en la toma de decisiones sobre política exterior y defensa. Este movimiento, ejecutado el viernes, se enmarca en una reestructuración liderada por el asesor interino de seguridad nacional y secretario de Estado, Marco Rubio, según reportes de medios estadounidenses.
La decisión ha generado controversia, ya que los funcionarios fueron puestos en licencia administrativa con menos de una hora para recoger sus pertenencias y abandonar sus oficinas. Este drástico recorte se produce en un contexto de tensiones internas y cuestionamientos sobre la lealtad del personal hacia la agenda del presidente Trump, un tema recurrente en su administración.
Fuentes cercanas al gobierno indican que esta purga busca alinear al Consejo de Seguridad Nacional con las prioridades de Trump, enfocadas en su política de “Estados Unidos Primero”. Sin embargo, críticos han señalado que la medida podría debilitar la capacidad del organismo para coordinar estrategias clave en un momento de crecientes desafíos globales.
El despido masivo se suma a una serie de movimientos similares en el inicio del segundo mandato de Trump. Apenas en abril, seis funcionarios del mismo consejo fueron cesados tras una reunión con la activista de extrema derecha Laura Loomer, quien acusó a varios empleados de deslealtad. Aunque Trump negó en su momento la influencia de Loomer, los eventos recientes sugieren una continuidad en la estrategia de purgas internas.
Marco Rubio, quien asumió el rol de asesor interino tras la salida de Mike Waltz por el escándalo conocido como “Signalgate”, ha defendido la reestructuración como una medida para garantizar la eficiencia y compromiso del personal. Sin embargo, no ha proporcionado detalles específicos sobre los motivos detrás de cada despido.
El episodio de “Signalgate”, donde información clasificada sobre una operación militar en Yemen fue filtrada accidentalmente, marcó un punto de inflexión para el Consejo. La destitución de Waltz, quien duró apenas 100 días en el cargo, evidenció las tensiones internas y la presión por mantener un control absoluto sobre el equipo de seguridad nacional.
Algunos analistas advierten que estas acciones podrían generar inestabilidad en la política exterior estadounidense. La salida de personal experimentado, combinada con la falta de claridad sobre los reemplazos, plantea interrogantes sobre la capacidad de la administración para enfrentar crisis internacionales en un entorno geopolítico cada vez más complejo.
Por otro lado, defensores de Trump argumentan que estas medidas son necesarias para erradicar cualquier resistencia interna y asegurar que el gobierno opere bajo una visión unificada. En redes sociales, algunos aliados del presidente han celebrado la decisión, calificándola como un paso hacia “drenar el pantano” de Washington.
La reestructuración también ha levantado preocupaciones en el Congreso, donde legisladores demócratas han expresado indignación por lo que consideran una purga arbitraria. Algunos republicanos, aunque más cautelosos, han señalado la necesidad de garantizar que los despidos no comprometan la seguridad nacional.
Mientras tanto, el ambiente en el Consejo de Seguridad Nacional se describe como tenso, con reportes de una creciente “cultura de miedo” entre los funcionarios que temen ser los siguientes en la lista. Este episodio refuerza la percepción de un gobierno que prioriza la lealtad política sobre la experiencia técnica en momentos críticos.