El proceso para elegir jueces y magistrados en 2025 está al borde del colapso. La falta de recursos económicos y la incapacidad del Instituto Nacional Electoral (INE) para organizarlo han generado un panorama desolador. Este experimento, impulsado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, parece destinado a convertirse en un fiasco que podría socavar la confianza en el sistema judicial mexicano.
El INE enfrenta un obstáculo monumental: un recorte presupuestal del 53% aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso. Esto ha obligado a reducir drásticamente el número de casillas electorales, pasando de las previstas a solo el 43%. Con menos de 84 mil casillas, los votantes enfrentarán largas distancias y tiempos de espera que podrían desalentar la participación ciudadana.
La elección de miles de cargos judiciales, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces locales, se perfila como un caos logístico. Las boletas, de distintos tamaños y colores, incluirán listas extensas de nombres que dificultarán la votación. Los ciudadanos, sin información clara sobre los candidatos, podrían sentirse como si estuvieran marcando un directorio telefónico al azar.
El diseño de este proceso, promovido por Morena, ha sido criticado por su falta de objetividad. Expertos señalan que la selección de candidatos está plagada de irregularidades y carece de transparencia. La supuesta democratización del Poder Judicial parece más un intento de control político que un avance hacia la justicia equitativa.
El enfrentamiento entre figuras clave de Morena, como Ricardo Monreal y Adán Augusto López, ha añadido más tensión al proceso. Desde el Senado, ambos han protagonizado disputas públicas que reflejan la falta de cohesión dentro del partido gobernante. Este espectáculo político no hace más que complicar un proceso ya de por sí frágil.
La Comisión Temporal para la Elección Judicial 2025 aprobó boletas que, lejos de simplificar, confunden. Con tamaños que varían entre carta y media carta, y colores como verde, amarillo, azul y morado, el proceso parece diseñado para generar errores. La legibilidad está garantizada, según el INE, pero la complejidad podría llevar a una jornada electoral llena de irregularidades.
Críticos advierten que la baja participación ciudadana es un riesgo latente. El gobierno aspira a una afluencia del 15% del padrón electoral, pero algunos estiman que apenas se alcanzará el 10%. Si los votantes no acuden, la legitimidad de esta elección estará en entredicho, y con ella, la credibilidad del sistema judicial.
El legado de López Obrador en este proceso es claro: un sistema judicial debilitado por decisiones improvisadas. En lugar de fortalecer la impartición de justicia, esta reforma parece encaminada a crear un esquema lleno de complicidades, donde la venganza política prevalece sobre el bienestar del país.
La elección judicial no solo enfrenta retos logísticos, sino también cuestionamientos éticos. La falta de campañas equitativas y la imposibilidad de que los candidatos tengan representantes en las casillas abren la puerta a un proceso desigual. Morena, según analistas, busca depurar a jueces imparciales para imponer a figuras afines al régimen.
En resumen, la elección de jueces y magistrados en 2025 no será el ejercicio democrático que se prometió. Sin recursos, sin claridad y sin confianza, México se enfrenta a una jornada electoral que podría marcar un retroceso histórico en la impartición de justicia.