La presidenta Claudia Sheinbaum no ocultó su satisfacción tras la sentencia de una corte en Miami que obliga a Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar más de 2,488 millones de dólares al gobierno mexicano. Este fallo, dictado por la jueza Lisa Walsh, marca un precedente en la lucha contra la corrupción que marcó los sexenios pasados.
García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue condenado junto a su esposa por operar un esquema de contratos ilegales que desvió millonarios recursos públicos. La sentencia llega tras una demanda presentada por México en 2021, que acusó al exfuncionario de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La mandataria destacó que este caso no solo expone los vínculos de García Luna con el crimen organizado, sino también su red de negocios turbios tras dejar el cargo. Según Sheinbaum, el fallo es una prueba de la “decadencia” de los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto, donde estas prácticas corruptas eran el pan de cada día.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, explicó que los 30 contratos otorgados a empresas ligadas a García Luna y Pereyra entre 2009 y 2018 fueron un mecanismo para saquear el erario. Los recursos, que suman millones de dólares, fueron transferidos a Florida para ocultar su origen ilícito.
Sheinbaum subrayó que esta sentencia es un paso hacia la justicia, aunque criticó la impunidad que permitió a García Luna operar durante años. Recordó que el exfuncionario ya cumple una condena de 38 años en Estados Unidos por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
La presidenta señaló que el dinero recuperado debe volver al pueblo de México, víctima de las tramas corruptas de administraciones pasadas. La sentencia obliga a García Luna a pagar 748 millones de dólares, mientras que Pereyra deberá cubrir 1,740 millones, al ser considerada pieza clave en el ocultamiento de los fondos.
Este caso, independiente de la condena penal en Nueva York, pone en evidencia el nivel de corrupción que permeó en los más altos niveles del gobierno. La UIF destacó que los recursos desviados provenían de contratos con dependencias de seguridad pública, afectando directamente al presupuesto mexicano.
La lucha contra la impunidad, según Sheinbaum, es una prioridad de su gobierno. La sentencia en Miami refuerza su narrativa de que la llamada “Cuarta Transformación” busca erradicar las prácticas corruptas que enriquecieron a funcionarios como García Luna mientras el país sufría las consecuencias.
El fallo de la corte estadounidense no solo representa una victoria legal, sino también un mensaje claro: los responsables de saquear a México enfrentarán consecuencias, sin importar dónde se escondan. La presidenta insistió en que casos como este no deben repetirse, y llamó a la reflexión sobre el daño causado por gobiernos anteriores.