En un nuevo golpe a los bolsillos de los jubilados y pensionados en México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que este sector no tendrá acceso al reparto de utilidades en 2025. Esta prestación, consagrada como un derecho constitucional, está reservada exclusivamente para los trabajadores activos, dejando fuera a quienes ya no forman parte de la fuerza laboral.
El reparto de utilidades, conocido como PTU, es un beneficio que permite a los empleados recibir una parte de las ganancias generadas por las empresas en las que trabajan. Según la LFT, este derecho aplica a quienes han laborado al menos 60 días durante el año fiscal anterior, siempre que mantengan una relación laboral subordinada y la empresa haya reportado ganancias.
Los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) quedan excluidos de este beneficio. La razón es clara: al estar retirados, no contribuyen directamente a la generación de ganancias, un requisito fundamental para ser considerados en el reparto.
A pesar de esta exclusión, los jubilados y pensionados no están del todo desamparados. La ley garantiza otros derechos, como el pago de aguinaldo, que en el caso del IMSS se entrega en noviembre, mientras que en el ISSSTE se distribuye en dos partes, una en noviembre y otra en enero. Estos pagos representan un alivio para miles de adultos mayores.
Sin embargo, la falta de acceso a las utilidades genera inconformidad entre los jubilados, quienes durante años contribuyeron al crecimiento de las empresas. Muchos consideran que esta exclusión es injusta, especialmente en un contexto económico donde la inflación sigue afectando el poder adquisitivo de las pensiones.
Para los trabajadores activos, el reparto de utilidades es una herramienta clave para fomentar la equidad laboral. Las empresas deben realizar este pago antes del 30 de mayo para personas morales y antes del 29 de junio para personas físicas. Los empleados pueden exigir una copia del resumen de la declaración anual de impuestos para verificar las ganancias reportadas.
Si una empresa no cumple con el reparto de utilidades, los trabajadores tienen opciones legales. Pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que ofrece asesoría gratuita y mediación. En casos extremos, es posible presentar una demanda ante los tribunales laborales para exigir el cumplimiento de la ley.
La situación de los jubilados refleja un desafío más amplio en el sistema de seguridad social en México. Aunque el aguinaldo y otros beneficios persisten, la falta de acceso a utilidades limita las opciones económicas de este grupo vulnerable, que enfrenta crecientes costos de vida.
A pesar de las críticas, la LFT es clara en sus lineamientos, y no se prevén cambios para 2025 que permitan incluir a los jubilados en el reparto de utilidades. Este tema continuará siendo un punto de discusión en el ámbito laboral y social del país.