Las acusaciones contra Contreras Cruz no son nuevas. Según el colectivo, ha utilizado su posición en el Issste para acosar a mujeres y hombres, amparado por un supuesto blindaje del Comité de Ética de la institución. Este grupo protector, según los denunciantes, estaría respaldado por el senador morenista Juan Carlos Loera, lo que refuerza la percepción de impunidad que rodea al candidato.
El caso toma un giro aún más preocupante. Las víctimas han presentado denuncias formales por hostigamiento sexual y acoso laboral, respaldadas por evidencia que el colectivo ha hecho pública. A pesar de esto, Contreras Cruz se presenta como candidato a juez federal, un puesto que requiere integridad y ética intachables. La pregunta que resuena en Chihuahua es clara: ¿cómo alguien con estas acusaciones puede aspirar a impartir justicia?
La indignación ha llegado a las calles. Durante las marchas del 8M en Chihuahua, pancartas y pintas señalaron a Contreras Cruz como un abusador. Los mensajes en las paredes de la ciudad reflejan el hartazgo de una sociedad que exige transparencia y justicia, no solo en los tribunales, sino también en quienes pretenden ocuparlos.
El colectivo que denuncia a Contreras Cruz no se detiene. Han hecho un llamado a difundir la “fama de misógino, abusador y acosador” del candidato, argumentando que su protección política lo hace sentirse intocable. Esta percepción de impunidad alimenta el descontento en un estado que ya enfrenta múltiples retos en materia de justicia y seguridad.
La trayectoria de Contreras Cruz también levanta sospechas. Su historial como militante de Morena, con cargos relacionados con el partido ante el INE, sugiere una red de influencias que podría estar influyendo en su candidatura. Este vínculo con el partido gobernante genera dudas sobre la imparcialidad del proceso electoral judicial en el que participa.
La elección de jueces federales, un ejercicio inédito en México, prometía ser una oportunidad para fortalecer la justicia. Sin embargo, casos como el de Contreras Cruz empañan esta iniciativa. La ciudadanía se pregunta si los candidatos están siendo evaluados con el rigor necesario o si, por el contrario, se están colando perfiles cuestionables bajo el amparo de conexiones políticas.
La situación en Chihuahua no es un caso aislado. Otros candidatos a puestos judiciales enfrentan críticas similares, lo que pone en tela de juicio la transparencia del proceso. La elección de jueces debe ser un ejercicio de confianza, no una puerta abierta para que personajes señalados por conductas reprobables lleguen al poder judicial.
El impacto de estas acusaciones trasciende el caso individual. La confianza en el sistema judicial, ya debilitada por años de corrupción y opacidad, se tambalea aún más con candidatos como Contreras Cruz. La ciudadanía merece jueces íntegros, no figuras protegidas por redes de poder que ignoran las denuncias en su contra.
Chihuahua espera respuestas. La elección de jueces federales no solo definirá quiénes impartirán justicia, sino también el rumbo de la confianza ciudadana en las instituciones. Casos como este evidencian la urgencia de un proceso limpio y transparente, libre de las sombras de la impunidad.