Cinco meses después del hallazgo de narcofosas en la zona noroeste de Chihuahua, la impunidad reina en el caso. La Fiscalía General del Estado no ha ejecutado ni una sola orden de aprehensión, dejando a las víctimas y sus familias sin justicia.
En diciembre de 2024, las autoridades descubrieron las primeras fosas en Ascensión, con 12 cuerpos localizados en 11 excavaciones. Desde entonces, el número de restos encontrados ha crecido hasta 91, según el reporte oficial. Sin embargo, solo una tercera parte de las víctimas han sido identificadas.
El fiscal general, César Jáuregui, señaló al grupo delictivo “La Línea” como responsable de estas atrocidades. A pesar de esto, no hay avances concretos en las investigaciones ni detenciones que castiguen a los culpables.
Las desapariciones en la región no se detienen. Los municipios de Ascensión, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes siguen siendo escenario de violencia, con cuerpos hallados en estado de descomposición o reducidos a restos óseos.
En Ejido Hidalgo, rumbo a un cerro, se encontró otro cuerpo en avanzado deterioro, del que solo se recuperaron fragmentos. Este hallazgo se suma a la lista de casos sin resolver que alimentan la inseguridad en la zona.
La falta de acción de las autoridades estatales es alarmante. Mientras los restos de las víctimas son entregados a sus familias, no hay avances en identificar a los responsables ni en frenar la ola de violencia que azota Chihuahua.
Organizaciones criminales han cambiado sus tácticas, pasando del tráfico de migrantes al secuestro como fuente de ingresos, según el propio fiscal Jáuregui. Esto agrava la crisis de seguridad en el estado.
El proceso de identificación de víctimas es lento y complejo, lo que prolonga el sufrimiento de las familias. Solo 14 de los 89 cuerpos localizados han sido identificados, incluyendo traileros y una joven reportada como desaparecida.
La región noroeste de Chihuahua se ha convertido en un cementerio clandestino, con 80 fosas descubiertas desde 2010, donde se han recuperado 111 cuerpos. Esto representa el 36 por ciento de los desaparecidos reportados desde 2008.
La inacción y la falta de resultados en este caso reflejan un sistema de justicia colapsado, incapaz de responder a la gravedad de la violencia que sigue cobrando vidas en el estado.