La Universidad de Harvard ha iniciado una batalla legal contra el gobierno de Donald Trump tras la prohibición de inscribir estudiantes internacionales. La medida, impuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, busca presionar a la institución para que cumpla con demandas ideológicas, según la demanda presentada en un tribunal federal de Boston.
La decisión del gobierno de Trump afecta directamente a más de 6,800 estudiantes extranjeros en Harvard, quienes representan más del 27% del alumnado. La universidad argumenta que esta acción es una clara violación de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, además de contravenir otras leyes federales.
El conflicto entre Harvard y la administración Trump no es nuevo. Desde abril, el gobierno ha intensificado sus ataques, congelando 2,200 millones de dólares en fondos federales y amenazando con revocar el estatus de exención fiscal de la universidad. Estas medidas se suman a la presión por limitar protestas propalestinas y eliminar políticas de diversidad.
El presidente de Harvard, Alan Garber, ha defendido la autonomía de la institución. En una carta dirigida a la comunidad universitaria, señaló que las exigencias del gobierno amenazan la libertad académica y buscan controlar el currículo y las políticas de admisión de la universidad.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó el veto acusando a Harvard de tolerar el antisemitismo y de supuestos nexos con el Partido Comunista Chino, aunque no presentó pruebas. Además, exigió registros de actividades de estudiantes extranjeros, incluyendo cualquier acción considerada “ilegal” o “violenta”.
Harvard no es la única afectada. Otras universidades de prestigio, como Columbia y Princeton, también han enfrentado recortes de fondos y restricciones similares. Al menos 901 estudiantes de 128 universidades han visto revocadas sus visas desde marzo, según reportes de prensa.
La demanda de Harvard subraya que el veto pone en riesgo el futuro de miles de estudiantes internacionales, muchos de los cuales podrían enfrentar detención o deportación. La universidad advierte que esta medida envía un mensaje intimidatorio a otras instituciones educativas en el país.
El enfrentamiento entre Harvard y el gobierno de Trump refleja una creciente tensión entre la Casa Blanca y las universidades de élite. La administración acusa a estas instituciones de promover políticas “woke” y de no proteger a estudiantes judíos durante protestas recientes.
A pesar de las presiones, Harvard se mantiene firme en su rechazo a ceder el control de sus decisiones académicas. La universidad asegura que continuará defendiendo su independencia y los derechos de sus estudiantes, sin importar su origen.
Este caso podría marcar un precedente en la relación entre el gobierno federal y las instituciones educativas privadas. Mientras tanto, el futuro de miles de estudiantes internacionales en Harvard y otras universidades sigue en incertidumbre.