El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) enfrenta una crisis que afecta a miles de familias mexicanas. Según información reciente, se han identificado 45 mil viviendas con serios problemas en los créditos otorgados, dejando a los derechohabientes en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
Estas viviendas, conocidas como “emproblemadas”, presentan irregularidades que van desde créditos impagables hasta fraudes inmobiliarios. Muchas de estas propiedades fueron adquiridas bajo esquemas que incrementaban las deudas año con año, haciendo imposible para los trabajadores saldar sus pagos, a pesar de cumplir con sus mensualidades.
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha prometido acciones para atender esta problemática, pero las soluciones parecen lejanas. Mientras tanto, miles de familias enfrentan la posibilidad de perder su patrimonio debido a estas irregularidades, que incluyen ventas fraudulentas y falta de escrituración.
En estados como Chihuahua, Puebla y el Estado de México, se han detectado casos graves de corrupción. Funcionarios del Infonavit, en colusión con notarios y despachos de cobranza, han sido señalados por vender las mismas viviendas hasta cuatro veces, estafando a los trabajadores y embolsándose millones de pesos.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, ha reconocido que estas prácticas han afectado a más de 12 mil créditos a nivel nacional. Sin embargo, la falta de sanciones efectivas contra los responsables genera desconfianza entre los afectados, quienes ven cómo sus ahorros se desvanecen sin respuesta clara.
Además, muchas de estas viviendas están en condiciones precarias, alejadas de zonas urbanas o incluso vandalizadas. En algunos casos, los derechohabientes han encontrado sus propiedades invadidas por terceros, lo que agrava su situación y pone en riesgo su seguridad.
El gobierno asegura que se están realizando censos para identificar el estado de estas viviendas, pero los avances son lentos. Hasta ahora, solo se ha inspeccionado una fracción de las propiedades afectadas, y las promesas de regularización no han dado resultados concretos para la mayoría de los trabajadores.
Mientras tanto, los derechohabientes exigen soluciones inmediatas, como la reestructuración de créditos, la reducción de tasas y la devolución de sus ahorros. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades solo profundiza la crisis y la sensación de abandono entre los afectados.
Este escándalo pone en evidencia las fallas estructurales del Infonavit y la poca transparencia en la gestión de los recursos de los trabajadores. La pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo se hará justicia para quienes confiaron en el instituto para tener un hogar digno?