El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, vuelve a estar en el ojo del huracán. Su defensa ha promovido un amparo para obtener acceso a una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos fiscales. Este movimiento busca prolongar un proceso judicial que parece no tener fin, manteniendo a Duarte en el centro de la controversia.
La solicitud de amparo, presentada ante el Poder Judicial Federal, responde a la negativa inicial de la FGR de proporcionar información detallada sobre las acusaciones contra el exmandatario. Según su abogado, Juan Carlos Mendoza, esta acción es un intento de esclarecer lo que califican como un “juego político sucio” en contra de Duarte, quien enfrenta múltiples cargos desde su extradición en 2022.
Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, es acusado de desvío de recursos por más de 96 millones de pesos durante su administración. Las autoridades estatales también lo señalan por enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, cargos que han generado un largo historial de enfrentamientos legales. Su caso ha sido un símbolo de la lucha contra la corrupción en México.
En este nuevo capítulo, la defensa de Duarte argumenta que las acciones de la FGR carecen de sustento y buscan dañar la imagen del exgobernador. Alegan que los aseguramientos de bienes, como su residencia en Hidalgo del Parral, son arbitrarios y forman parte de una persecución política. Estas declaraciones han avivado el debate sobre la imparcialidad de las instituciones.
El caso de Duarte no es nuevo. Desde su detención en Miami en 2020 y su posterior extradición, ha enfrentado múltiples procesos penales. En 2024, logró la prisión domiciliaria tras ser liberado del Cereso de Chihuahua por motivos de salud, lo que desató críticas sobre posibles tratos preferenciales en el sistema judicial.
Este amparo ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos lo ven como un derecho legítimo de defensa, otros lo interpretan como una estrategia para dilatar el proceso y evitar consecuencias. En redes sociales, usuarios han expresado su frustración, señalando que el caso refleja la lentitud e ineficiencia del sistema judicial mexicano.
El gobierno de Chihuahua, por su parte, ha insistido en la reapertura de investigaciones contra Duarte y sus colaboradores por enriquecimiento ilícito. Las autoridades locales aseguran que existen pruebas suficientes para mantenerlo bajo escrutinio, aunque los avances legales parecen estancados en un laberinto de recursos y amparos.
El futuro de este caso sigue siendo incierto. Mientras la FGR decide cómo proceder con la información solicitada, el nombre de César Duarte continúa siendo sinónimo de controversia. Su historia, marcada por acusaciones de corrupción y maniobras legales, mantiene la atención de la opinión pública en Chihuahua y más allá.
Este nuevo episodio en la saga judicial de Duarte plantea preguntas sobre la efectividad de la justicia en México. ¿Logrará el exgobernador sortear las acusaciones una vez más? Por ahora, el proceso sigue abierto, y la sociedad espera respuestas claras en un caso que parece interminable.