La Plataforma Centinela, diseñada para reforzar la seguridad en Chihuahua, enfrenta una nueva ola de ataques que pone en jaque su efectividad. En las últimas horas, torres de vigilancia en el municipio de Madera fueron blanco de agresiones, dejando cámaras de seguridad destruidas y evidenciando la vulnerabilidad del sistema. Este no es un hecho aislado: la violencia contra estas instalaciones se ha intensificado en lo que va de 2025, con al menos seis incidentes registrados en el estado.
Los ataques en Madera ocurrieron de manera coordinada. Según reportes, un grupo de sujetos cortó la energía de las cámaras antes de derribar las estructuras donde estaban instaladas. Este modus operandi sugiere una planificación meticulosa, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales. La Plataforma Centinela, que utiliza tecnología avanzada para monitorear actividades delictivas, parece estar en la mira de grupos criminales que buscan operar sin ser detectados.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) ha reconocido que los daños a estas torres afectan directamente la capacidad de respuesta ante delitos. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. La ciudadanía y algunos analistas señalan que la estrategia de seguridad del gobierno estatal no está dando resultados. La falta de presencia policial en zonas rurales, donde ocurren la mayoría de estos ataques, agrava la situación.
En lo que va del año, Chihuahua ha registrado un aumento alarmante en los índices de violencia. Los municipios de Madera, Ojinaga y Cuauhtémoc son los más afectados, con un incremento en delitos como robo, extorsión y enfrentamientos armados. La Plataforma Centinela, presentada como una solución innovadora, parece incapaz de contener la embestida de la delincuencia, lo que ha generado un clima de desconfianza entre los habitantes.
El gobierno estatal, encabezado por el PAN, ha prometido reforzar la seguridad en las zonas afectadas. Sin embargo, las acciones concretas brillan por su ausencia. La reposición de las cámaras dañadas y el fortalecimiento de las torres de vigilancia son medidas que, aunque anunciadas, no han mostrado avances significativos. La población exige resultados inmediatos para frenar esta escalada de violencia.
La Plataforma Centinela fue diseñada para ser un pilar en la lucha contra el crimen, pero los constantes ataques evidencian sus limitaciones. La tecnología, por más avanzada que sea, no puede sustituir una estrategia integral que incluya mayor presencia policial y políticas de prevención. Los habitantes de Madera y otras regiones afectadas se sienten desprotegidos, mientras los delincuentes actúan con aparente impunidad.
Las críticas al manejo de la seguridad no solo apuntan al gobierno estatal, sino también a la falta de coordinación con las autoridades federales. La violencia en Chihuahua no es un problema aislado, sino parte de una crisis más amplia que requiere soluciones conjuntas. Sin embargo, la respuesta del gobierno federal ha sido tibia, dejando a los estados lidiar con un problema que parece desbordarlos.
Este nuevo ataque a Centinela no solo representa un golpe a la infraestructura de seguridad, sino también a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La pregunta que resuena en Chihuahua es clara: ¿hasta cuándo se seguirán acumulando promesas sin resultados? La situación exige medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad de la población.