La audiencia para determinar responsabilidades por la muerte de 40 migrantes en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez ha sido pospuesta nuevamente. Este viernes, el juez de control decidió reprogramar la diligencia para el próximo 10 de junio, prolongando la espera para esclarecer los hechos ocurridos en marzo de 2023. La tragedia, que dejó un saldo devastador, sigue generando indignación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.
El caso involucra a Francisco Garduño, director del INM, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable de no garantizar la seguridad en los centros migratorios. Según las investigaciones, las condiciones de hacinamiento y la falta de medidas preventivas en la estación de Ciudad Juárez fueron factores clave en el incendio que cobró la vida de los migrantes. La FGR también apunta a irregularidades en contratos con una empresa de seguridad privada, que habrían sido adjudicados a sobreprecio.
La decisión de aplazar la audiencia ha generado críticas entre las familias de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Los afectados exigen justicia inmediata y señalan que estas demoras reflejan la falta de compromiso del gobierno federal para resolver el caso. La tragedia, que expuso las fallas en el sistema migratorio mexicano, sigue siendo un recordatorio de las condiciones precarias que enfrentan miles de personas en su paso por el país.
En el centro de la controversia está la gestión de Garduño al frente del INM. La FGR sostiene que el funcionario omitió implementar protocolos básicos de seguridad, lo que derivó en una de las peores tragedias migratorias en la historia reciente de México. Además, se ha señalado que el incendio no fue un hecho aislado, pues en 2020 ocurrió un caso similar en una estación migratoria en Tabasco, donde también murió una persona.
La empresa de seguridad privada involucrada en el caso también está bajo escrutinio. Las autoridades han identificado contratos irregulares que habrían permitido a esta compañía operar sin cumplir con los estándares necesarios. Estos hallazgos han levantado sospechas sobre posibles actos de corrupción en la asignación de recursos para la vigilancia de las estaciones migratorias.
Organizaciones civiles han denunciado que las condiciones en los centros del INM no han mejorado desde la tragedia. Reportes indican que el hacinamiento, la falta de personal capacitado y la escasez de recursos siguen siendo problemas recurrentes. Estas fallas, según los activistas, reflejan una política migratoria que prioriza el control sobre los derechos humanos.
La postergación de la audiencia también ha avivado el debate sobre la responsabilidad del gobierno federal en la protección de migrantes. Mientras México se presenta como un país de paso y refugio, los señalamientos sobre opacidad y negligencia en el INM persisten. Las víctimas, en su mayoría originarias de Centroamérica, siguen sin justicia, y sus familias claman por respuestas.
El caso de Ciudad Juárez no solo pone en tela de juicio la gestión del INM, sino también la estrategia del gobierno de Morena para atender la crisis migratoria. Las críticas apuntan a que, pese a las promesas de cambio, las políticas actuales no han logrado prevenir tragedias como esta. La sociedad civil exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables.
Mientras tanto, la nueva fecha para la audiencia, fijada para junio, mantiene en vilo a quienes buscan justicia. La incertidumbre sobre el rumbo del caso crece, y con ella, la percepción de que las autoridades no están actuando con la urgencia que la gravedad del asunto demanda. La tragedia de los 40 migrantes sigue siendo una herida abierta en México.