El 22 de diciembre de 1997, la comunidad de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, fue escenario de una de las tragedias más oscuras de México. Un grupo paramilitar asesinó a 45 indígenas tzotziles, entre ellos 18 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 16 niñas y cuatro niños. Este crimen, considerado de lesa humanidad, marcó para siempre a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas, quienes hoy, 27 años después, siguen exigiendo justicia.
La organización Las Abejas de Acteal, formada por indígenas tzotziles pacifistas, ha mantenido viva la memoria de los caídos. En un reciente acto en Tuxtla Gutiérrez, jóvenes y niños, descendientes de los sobrevivientes, alzaron la voz. “Somos fruto de una extinción fallida del Estado mexicano”, afirmó Teresa Vázquez, vocera de las infancias herederas de la resistencia. Sus palabras reflejan el dolor y la lucha de una comunidad que se niega a olvidar.
La masacre ocurrió en un contexto de violencia y represión. En 1997, Chiapas vivía tensiones por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las Abejas, un grupo cristiano y antineoliberal, fue atacado mientras oraba en una ermita. Los paramilitares, presuntamente tolerados por el Estado, dispararon durante horas, dejando un saldo de muerte y heridas imborrables.
Los familiares señalan directamente al expresidente Ernesto Zedillo como autor intelectual del crimen. También acusan a altos funcionarios de su gobierno, como Emilio Chuayffet y Enrique Cervantes Aguirre. Según los sobrevivientes, la masacre fue parte de una estrategia de contrainsurgencia para debilitar al EZLN y a las comunidades que resistían al régimen.
En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a varios paramilitares confesos, una decisión que Las Abejas consideran una muestra de complicidad estatal. Esta acción profundizó la percepción de impunidad, ya que los autores materiales volvieron a sus comunidades, generando temor entre las víctimas. Incluso en mayo de 2025, una sobreviviente recibió amenazas de muerte de un paramilitar liberado.
La comunidad ha recurrido a instancias internacionales para buscar justicia. Desde 2010, el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero el informe de fondo aún no se emite. Los jóvenes exigen que la CIDH actúe pronto y que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en este crimen de lesa humanidad.
La violencia en Chiapas no ha cesado. Los sobrevivientes denuncian que persisten los desplazamientos forzados, los enfrentamientos armados y la presencia de grupos criminales. Acusan a las fuerzas estatales y federales de detenciones arbitrarias y saqueos, prácticas que comparan con las vividas antes de la masacre. La militarización, dicen, no ha traído soluciones.
En 2020, el gobierno mexicano reconoció su responsabilidad en la masacre y ofreció una disculpa pública. Sin embargo, para Las Abejas, esto no es suficiente. La organización insiste en que la justicia llegará solo cuando los autores intelectuales enfrenten un castigo y se garantice la no repetición de estos hechos.
A pesar del dolor, la comunidad de Acteal se mantiene firme en su lucha no violenta. Cada 22 de mes, realizan actos político-religiosos para honrar a las víctimas. Estas ceremonias, llenas de cantos, rezos y velas, son un recordatorio de su compromiso con la paz y la dignidad.
La resistencia de Las Abejas inspira a nivel nacional e internacional. Su mensaje es claro: no permitirán que la memoria de los mártires se apague. Mientras el caso sigue en la CIDH, la comunidad continúa su lucha por un México donde la justicia y la paz sean una realidad para todos.