La administración de Donald Trump ha intensificado su enfrentamiento con la Universidad de Harvard, imponiendo un plazo de 72 horas para que la institución entregue información detallada sobre las protestas en su campus. La Casa Blanca acusa a Harvard de fomentar el antisemitismo y de coordinar actividades con grupos que considera “proterroristas”, además de señalar supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino. Esta medida busca presionar a la universidad para recuperar su certificación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, que fue revocada recientemente.
Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, ha respondido con firmeza, calificando las exigencias como un ataque directo a su autonomía académica. La institución asegura que no cederá ante lo que considera un intento de control ideológico por parte del gobierno federal. Desde su regreso a la presidencia, Trump ha centrado su atención en universidades que han sido escenario de protestas, especialmente aquellas relacionadas con el conflicto en Gaza.
El ultimátum de la Casa Blanca incluye demandas específicas, como la entrega de registros sobre estudiantes extranjeros involucrados en actividades consideradas “ilegales o violentas”. Además, se exige a Harvard implementar cambios en sus políticas de admisión y enseñanza para combatir lo que el gobierno califica como antisemitismo en el campus. Estas condiciones han generado un fuerte rechazo en la comunidad académica.
El presidente de Harvard, Alan Garber, ha defendido la independencia de la universidad, argumentando que las demandas de Trump violan derechos constitucionales protegidos por la Primera Enmienda. Garber ha enfatizado que la institución ya ha tomado medidas para abordar el antisemitismo, pero se niega a ceder el control de sus operaciones al gobierno federal. Este enfrentamiento ha escalado la tensión entre la administración Trump y las universidades de élite.
La decisión de revocar la certificación del programa de intercambio ha generado preocupación entre estudiantes extranjeros, quienes podrían verse obligados a buscar otras instituciones para continuar sus estudios. Harvard ha advertido que esta medida no solo afecta a su comunidad, sino que también pone en riesgo la reputación de Estados Unidos como destino académico global.
El conflicto no es aislado. Otras universidades, como Columbia, han enfrentado sanciones similares, con suspensiones de fondos federales y presiones para alinear sus políticas con las exigencias de la Casa Blanca. En el caso de Harvard, la congelación de 2,200 millones de dólares en fondos federales, anunciada previamente, sigue siendo un punto de presión clave.
La administración Trump justifica sus acciones afirmando que busca “restaurar la grandeza” de la educación superior, acusando a universidades como Harvard de promover ideologías que considera contrarias a los valores estadounidenses. Sin embargo, críticos señalan que estas medidas representan un intento de restringir la libertad de expresión y la diversidad de pensamiento en los campus.
Harvard ha iniciado acciones legales contra el gobierno, acusándolo de chantaje político y de intentar imponer regulaciones que limitan la autonomía universitaria. La batalla legal promete ser un capítulo más en la creciente confrontación entre la administración Trump y las instituciones educativas de élite.
Este enfrentamiento ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores apoyan las medidas de Trump, argumentando que combaten el extremismo en los campus, otros las ven como un peligroso precedente de intervención gubernamental en la educación. La comunidad académica teme que estas políticas puedan extenderse a otras universidades.
Por ahora, Harvard se mantiene firme en su postura de resistencia, pero el plazo de 72 horas impuesto por la Casa Blanca añade presión a una situación ya tensa. El desenlace de este conflicto podría redefinir las relaciones entre el gobierno federal y las instituciones educativas en Estados Unidos.