El gobierno británico ha anunciado una controvertida medida para implementar la castración química en delincuentes sexuales, con el objetivo de reducir el riesgo de reincidencia y aliviar la presión sobre su saturado sistema penitenciario. La iniciativa, presentada por la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, forma parte de una ambiciosa reforma penitenciaria que busca abordar el hacinamiento en las cárceles del Reino Unido.
La castración química consiste en la administración de medicamentos que suprimen el deseo sexual, como antiandrógenos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que reducen la producción de testosterona y limitan pensamientos sexuales invasivos. Este tratamiento, que no implica cirugía, se aplicará inicialmente en 20 prisiones de dos regiones del país como parte de un programa piloto.
Mahmood explicó que el programa combinará la medicación con terapias psicológicas para abordar las causas profundas de los delitos sexuales, como el deseo de poder y control. Según estudios citados, la castración química podría reducir la reincidencia hasta en un 60%, aunque su efectividad depende de un enfoque integral que incluya apoyo psicológico.
La ministra también está evaluando la posibilidad de hacer este tratamiento obligatorio para los delincuentes sexuales más graves, una medida que ya se aplica en países como Polonia y algunos estados de Estados Unidos. Sin embargo, esta propuesta ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que la consideran una violación a los derechos individuales y un tratamiento potencialmente inhumano.
La reforma penitenciaria incluye otras medidas, como la liberación anticipada de reclusos y un mayor uso de monitoreo electrónico para aliviar la presión en las cárceles, que actualmente albergan a casi 90,000 internos en Inglaterra y Gales. Este aumento en la población carcelaria, pese a una disminución en las tasas de delincuencia, se atribuye a condenas más largas impulsadas por la presión pública.
El gobierno destinará 700 millones de libras anuales para fortalecer el sistema de libertad condicional, permitiendo un mejor seguimiento de los delincuentes fuera de prisión. Además, se propone eliminar las condenas cortas de menos de 12 meses, salvo en casos excepcionales como violencia doméstica, y aumentar la deportación de delincuentes extranjeros con penas menores a tres años.
Críticos como Robert Jenrick, portavoz de justicia del Partido Conservador, han advertido que reducir las sentencias cortas podría equivaler a despenalizar delitos como robo o agresión. También han surgido preocupaciones sobre la capacidad del sistema de libertad condicional para manejar un mayor número de exreclusos bajo supervisión.
La castración química, aunque utilizada voluntariamente en países como Alemania y Dinamarca, sigue siendo un tema ético divisivo. Los defensores destacan su potencial para proteger a la sociedad, mientras que los detractores argumentan que no aborda las causas psicológicas del comportamiento delictivo y podría ser considerado un castigo cruel.
El gobierno británico insiste en que estas reformas son necesarias para estabilizar un sistema penitenciario al borde del colapso. Sin embargo, la implementación de la castración química, especialmente si se vuelve obligatoria, promete mantener el debate sobre su legalidad y moralidad en el centro de la discusión pública.
Esta reforma representa uno de los cambios más significativos en el sistema de justicia británico en décadas, buscando un equilibrio entre la seguridad pública, la rehabilitación de los delincuentes y la gestión de un sistema penitenciario en crisis.