En una decisión que ha generado debate, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas a las Leyes de Ingresos 2025 de los municipios de Ahumada, Ascensión y Guadalupe. Estas modificaciones, enfocadas en sectores clave como el transporte y la construcción, buscan incrementar los recursos de estos municipios, pero no están exentas de cuestionamientos.
Las reformas incluyen la autorización de nuevos cobros relacionados con planos para la industria del transporte y gases. Esto implica que empresas y ciudadanos que busquen operar en estos rubros enfrentarán trámites adicionales y, posiblemente, mayores costos. La medida, según el Congreso, responde a la necesidad de fortalecer las finanzas municipales en estas regiones del norte del estado.
Otro cambio relevante es la regulación de la apertura de zanjas. Este punto, que podría parecer técnico, tiene un impacto directo en proyectos de infraestructura y construcción. Ahora, los municipios podrán cobrar por permisos relacionados con estas actividades, lo que podría encarecer obras públicas y privadas en las tres localidades.
Además, las reformas contemplan modificaciones en los procedimientos para el cambio de uso de suelo. Esto afecta directamente a desarrolladores inmobiliarios y ciudadanos que planeen transformar terrenos para nuevos proyectos. La intención, según las autoridades, es ordenar el crecimiento urbano, pero algunos críticos advierten que podría generar más burocracia.
Las licencias de construcción también fueron revisadas. Con las nuevas reglas, los municipios de Ahumada, Ascensión y Guadalupe tendrán mayor control sobre los permisos para construir, lo que incluye posibles incrementos en los costos asociados. Este punto ha levantado preocupaciones entre constructores locales, quienes temen que los trámites se vuelvan más lentos y costosos.
El Congreso de Chihuahua, encabezado por legisladores de diversos partidos, argumenta que estas reformas son necesarias para garantizar el desarrollo sostenible de los municipios. Sin embargo, la oposición ha señalado que los nuevos cobros podrían desincentivar la inversión en estas zonas, que ya enfrentan retos económicos y sociales.
En el caso de Ahumada, Ascensión y Guadalupe, municipios con economías dependientes de actividades como el comercio y la agricultura, los cambios podrían tener un impacto significativo. Residentes y empresarios locales han expresado su preocupación por el posible aumento en los costos de operación, especialmente en un contexto de inflación y recuperación económica.
Aunque las autoridades aseguran que los ingresos adicionales se destinarán a mejorar servicios públicos, no se han detallado proyectos específicos para el uso de estos recursos. Esto ha generado escepticismo entre la población, que demanda mayor transparencia en el manejo de los fondos municipales.
Por ahora, las reformas ya están aprobadas y entrarán en vigor en 2025. Los ciudadanos de estos municipios deberán estar atentos a los nuevos requisitos y costos que implicarán estas modificaciones. La pregunta que queda en el aire es si estas medidas realmente impulsarán el desarrollo local o si, por el contrario, añadirán más obstáculos para los habitantes de estas regiones.