El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) está en el centro de la controversia al analizar solicitudes de licencias temporales para diversos cargos. Este proceso, que busca cubrir vacantes en un contexto de renovación judicial, ha levantado sospechas sobre posibles manejos opacos en la designación de puestos clave.
Según información oficial, el PJEM evalúa peticiones de licencia para magistrados, jueces y otros cargos, en un momento crucial donde la transparencia es más necesaria que nunca. La reforma judicial en el estado, aprobada recientemente, obliga a que estas solicitudes sean revisadas con lupa, pero las dudas persisten.
El proceso de selección para renovar 91 cargos en el PJEM, que incluye magistraturas y juzgados, está en marcha. Los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han recibido miles de solicitudes, pero el mecanismo de las tómbolas y la falta de claridad en los criterios de idoneidad generan incertidumbre.
En el Comité del Poder Judicial, se registraron 719 aspirantes, de los cuales 414 buscan ser jueces, 251 van por magistraturas y 54 por el Tribunal de Disciplina. Sin embargo, la opacidad en cómo se filtrarán estos nombres preocupa a la ciudadanía, que exige un proceso justo y sin favoritismos.
El Congreso del Estado de México tiene hasta el 28 de febrero para enviar los listados definitivos de candidatos. Este paso es crucial, ya que cualquier irregularidad podría comprometer la elección judicial del 1 de junio, donde se definirán cargos que impactan directamente en la impartición de justicia.
La participación de figuras cercanas a Morena en este proceso no ha pasado desapercibida. La influencia del partido en el poder podría estar moldeando las decisiones, lo que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial en el estado.
A pesar de las promesas de transparencia, como la apertura de un micrositio para seguir el proceso, la falta de información clara sobre los aspirantes y sus méritos alimenta las sospechas de posibles arreglos bajo la mesa.
La ciudadanía espera que el PJEM y el Congreso actúen con responsabilidad para garantizar que las licencias temporales no se conviertan en una puerta trasera para favoritismos. La justicia en el Estado de México no puede permitirse más cuestionamientos.