Una corte civil en Miami, Florida, ha dictado una sentencia contundente contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Cristina Pereyra. Ambos deberán pagar un total de 2 mil 488 millones de dólares al gobierno mexicano por su participación en un esquema de contrataciones ilegales durante el sexenio de Felipe Calderón.
La decisión, emitida por la jueza Lisa Walsh, establece que García Luna debe desembolsar 748 millones de dólares, mientras que Pereyra enfrentará una sanción de mil 740 millones. La sentencia llega tras un proceso iniciado en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que acusó a la pareja de desviar recursos públicos a través de contratos fraudulentos.
El gobierno mexicano señaló que García Luna, en complicidad con el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuvo de manera ilícita al menos 30 contratos con entidades de seguridad pública. Estos contratos, que no fueron licitados, permitieron extraer más de 634 millones de dólares de las arcas nacionales, recursos que terminaron en paraísos fiscales y propiedades en Florida.
La jueza Walsh falló en contra de los acusados después de que no se presentaran a defenderse en el proceso. García Luna nunca expresó interés en comparecer, mientras que Pereyra, aunque inicialmente contó con un abogado, abandonó las audiencias de mediación iniciadas en 2024. La falta de respuesta llevó a una condena por default.
El caso revela una red de corrupción que operó durante años bajo la gestión de García Luna, quien fue una figura clave en la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Calderón. Los recursos desviados fueron utilizados para adquirir 19 propiedades en Florida, de las cuales 18 ya fueron vendidas, algunas incluso después de iniciado el litigio.
Otros involucrados en el esquema han enfrentado consecuencias. José Francisco Niembro González, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública, y su esposa acordaron pagar 330 mil dólares como reparación de daños. Sin embargo, los empresarios Samuel y Alexis Weinberg aún negocian con la UIF para resolver su situación.
Este caso civil es independiente de la condena penal que García Luna enfrenta en Estados Unidos. En octubre de 2024, un tribunal de Nueva York lo sentenció a 38 años de prisión por nexos con el Cártel de Sinaloa, tras ser hallado culpable de recibir sobornos millonarios a cambio de protección.
La sentencia de Miami pone en evidencia la magnitud del desfalco cometido durante el gobierno de Calderón. La UIF destacó que los fondos ilícitos fueron transferidos entre 2012 y 2018, aprovechando el cargo de García Luna para ocultar activos en el extranjero.
El gobierno mexicano celebró el fallo como un paso hacia la recuperación de recursos robados. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que esta sentencia refleja la lucha contra la corrupción de administraciones pasadas, aunque persisten cuestionamientos sobre el destino final de los fondos recuperados.
La condena de García Luna y Pereyra no solo marca un precedente en la justicia internacional, sino que también reaviva el debate sobre la responsabilidad de los exfuncionarios en el desvío de recursos públicos y su impacto en México.