En un acto cargado de memoria y dolor, jóvenes y niños de la comunidad de Acteal, en Chiapas, alzaron la voz este jueves para urgir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita un informe definitivo sobre la masacre de 1997, un crimen que dejó 45 víctimas mortales y que, según los sobrevivientes, sigue impune. La tragedia, ocurrida en el municipio de Chenalhó, marcó la historia de esta región indígena y continúa siendo un recordatorio de las heridas abiertas en las comunidades tzotziles.
Teresa Vázquez, vocera de las infancias herederas de la resistencia de la organización Las Abejas de Acteal, expresó con firmeza que los descendientes de las víctimas son “fruto de una extinción fallida del Estado mexicano”. Sus palabras reflejan el sentimiento de una generación que creció sin abuelos, tíos o padres, y que hoy reclama verdad y justicia. Los manifestantes portaban pancartas con mensajes contundentes, como “Estado mexicano responsable de la masacre de mi abuelo” y “Queremos informe de fondo”.
La masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997, dejó un saldo devastador: 18 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 16 niñas, cuatro niños y 17 hombres perdieron la vida a manos de un grupo paramilitar. Además, 26 personas resultaron gravemente heridas. Los hechos ocurrieron mientras la comunidad oraba en una ermita, en un contexto de violencia ligado a la represión contra simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Los jóvenes denunciaron que, a pesar de las pruebas presentadas ante la CIDH desde 2010, el caso 12.790, conocido como “Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal)”, sigue sin resolverse. La organización Las Abejas ha insistido en que el Estado mexicano debe ser señalado como responsable, no solo por omisión, sino por su presunta complicidad en la estrategia de contrainsurgencia que marcó aquella época.
La impunidad, según los manifestantes, ha sido un sello distintivo de este caso. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a 29 paramilitares confesos, argumentando irregularidades en el proceso judicial. Esta decisión, para las víctimas, fue un golpe más a su búsqueda de justicia, permitiendo que los responsables materiales regresaran a las comunidades con beneficios como tierras y pensiones.
Los señalamientos no se detienen en los autores materiales. Los manifestantes apuntaron directamente al expresidente Ernesto Zedillo, al exgobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, y al exalcalde de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, como responsables intelectuales. Incluso cuestionaron la reciente presencia de Zedillo en México, preguntándose si vino “a cosechar lo que sembró” en un gobierno marcado por otras masacres, como las de Aguas Blancas, El Charco y El Bosque.
La violencia en la región no es cosa del pasado. Los voceros de Las Abejas denunciaron que, el pasado 20 de mayo, una sobreviviente de la masacre recibió amenazas de muerte por parte de un paramilitar liberado en 2010. Este incidente, según los manifestantes, evidencia la falta de garantías de seguridad y la persistencia de grupos armados en Chiapas, alimentados por la impunidad.
La organización también alertó sobre el aumento de la presencia de sicarios, la militarización ineficaz y el desplazamiento forzado de familias enteras en comunidades indígenas. Acusaron a las fuerzas estatales, federales y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de cometer detenciones arbitrarias y saqueos, prácticas que recuerdan los años previos a la masacre de 1997.
A 27 años de la tragedia, la comunidad de Acteal no solo busca un informe de la CIDH, sino un reconocimiento pleno de la responsabilidad del Estado mexicano. La organización Las Abejas ha rechazado soluciones amistosas propuestas por el gobierno, argumentando que el dinero no puede borrar el dolor ni devolver a las víctimas. Su lucha, aseguran, es por la verdad y la no repetición de estos crímenes.
La exigencia de justicia en Acteal resuena como un eco de resistencia. Los jóvenes y niños de esta comunidad, herederos de una lucha pacífica, mantienen viva la memoria de sus mártires. Su mensaje es claro: la masacre no será olvidada, y la verdad debe salir a la luz para sanar las heridas de un pueblo que sigue enfrentando violencia e indiferencia.