El gobierno de Jalisco ha anunciado un ambicioso plan para instalar cámaras de videovigilancia en los límites con otros estados, buscando una estrategia conjunta para combatir la inseguridad. La iniciativa, liderada por el coordinador general estratégico en Seguridad, Roberto Alarcón, forma parte de los acuerdos alcanzados en una reunión con estados vecinos de la región occidente del país. El objetivo es claro: fortalecer la vigilancia en puntos clave para reducir los delitos que afectan a la población.
Este proyecto incluye la modernización del sistema Escudo Urbano Jalisco C5, con una inversión de 6 mil millones de pesos. Se planea aumentar en un 50 por ciento los puntos de videovigilancia y duplicar la capacidad de monitoreo en el estado. Las nuevas cámaras, equipadas con tecnología avanzada como lectores de placas, estarán conectadas con los sistemas de seguridad de estados como Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, permitiendo un intercambio de información en tiempo real.
La delincuencia en Jalisco no da tregua, y las autoridades han identificado los límites interestatales como zonas vulnerables para actividades ilícitas. Los robos, el tráfico de drogas y las desapariciones han puesto presión sobre el gobierno estatal para actuar con mayor contundencia. Las cámaras se instalarán en puntos estratégicos, como carreteras y accesos principales, para monitorear el paso de vehículos y personas, generando alertas inmediatas ante cualquier actividad sospechosa.
El sistema C5, que actualmente cuenta con casi 7 mil cámaras, será modernizado con mil 500 nuevos dispositivos. Además, se incorporarán arcos carreteros y sistemas de radiocomunicación para mejorar la coordinación entre las policías municipales, estatales y las fuerzas federales. Según el director del Escudo Jalisco C5i, Juan Carlos Contreras, esta actualización permitirá un trabajo más eficiente con los municipios y la Federación.
La colaboración con otros estados busca crear un frente unificado contra la delincuencia. En reuniones regionales, las autoridades compartirán “listas negras” de vehículos robados o involucrados en actividades delictivas. Esta estrategia pretende no solo vigilar a Jalisco, sino también blindar la región occidente del país, donde los índices de inseguridad han sido un problema constante.
Sin embargo, la instalación de cámaras no está exenta de críticas. Especialistas en seguridad han señalado que, aunque la tecnología es un avance, la falta de personal capacitado para monitorear las cámaras podría limitar su efectividad. En el pasado, el Centro de Comunicaciones y Observación Electrónica de Guadalajara ha enfrentado problemas por la escasez de operadores, lo que deja puntos ciegos en la vigilancia.
Otro desafío es garantizar que estas cámaras no violen la privacidad de los ciudadanos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales establece que los sistemas de videovigilancia deben incluir avisos visibles y respetar los derechos de las personas. Las multas por mal uso de estas grabaciones pueden llegar a millones de pesos, un recordatorio de la importancia de manejar esta tecnología con responsabilidad.
El proyecto también responde a necesidades específicas, como la vigilancia durante eventos masivos. Por ejemplo, se planea reforzar la seguridad en puntos turísticos y áreas clave de Guadalajara, como el estadio Akron y la Plaza de la Liberación, ante la llegada de la Copa Mundial de Futbol. La estrategia busca no solo prevenir delitos, sino también garantizar la seguridad de los visitantes.
A pesar de los avances tecnológicos, la inseguridad sigue siendo una preocupación latente en Jalisco. Los operativos conjuntos con la Guardia Nacional, el Ejército y las policías locales han mostrado resultados mixtos, y la ciudadanía espera que esta nueva inversión realmente marque una diferencia. La modernización del C5 y las cámaras interestatales son un paso adelante, pero el éxito dependerá de su implementación y de una estrategia integral que vaya más allá de la tecnología.
La pregunta que queda en el aire es si estas medidas serán suficientes para devolver la tranquilidad a los jaliscienses. Mientras el gobierno apuesta por la videovigilancia, la delincuencia no descansa, y los ciudadanos exigen resultados concretos en un estado donde la seguridad sigue siendo una deuda pendiente.