La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde su territorio, una medida que ha encendido las alarmas en México. Este gravamen, parte de un paquete presupuestal impulsado por el gobierno de Donald Trump, representa un duro revés para millones de familias mexicanas que dependen de estos envíos para subsistir. La presidenta Claudia Sheinbaum no ha tardado en reaccionar, calificando la medida como injusta y discriminatoria.
Las remesas son un pilar fundamental para la economía mexicana. En 2024, México recibió más de 64 mil millones de dólares por este concepto, equivalente al 4.3% del PIB nacional. Estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Chiapas serían los más afectados, ya que las remesas representan hasta el 14% de su PIB local. Este dinero, enviado por migrantes que trabajan arduamente en Estados Unidos, sostiene los gastos básicos de muchas familias.
La propuesta, originalmente planteada con una tasa del 5%, fue reducida al 3.5% tras negociaciones en la Cámara baja estadounidense. Sin embargo, aún debe ser aprobada por el Senado, un trámite que Sheinbaum y su gobierno siguen de cerca. La mandataria ha insistido en que su administración luchará para eliminar este impuesto por completo, argumentando que grava de manera injusta a quienes menos tienen.
El gobierno mexicano ha señalado que este impuesto viola el tratado bilateral entre México y Estados Unidos para evitar la doble tributación. Los migrantes, documentados o no, ya pagan impuestos en Estados Unidos sobre sus ingresos. Añadir un gravamen adicional a las remesas sería, según el secretario de Hacienda, Edgar Amador, una clara doble imposición, contraria a los acuerdos internacionales.
Desde el Senado mexicano, se ha criticado la iniciativa con vehemencia. Legisladores de todos los partidos han calificado la medida como un ataque directo a los migrantes y sus familias. Algunos senadores han viajado a Estados Unidos para dialogar con congresistas y exponer los impactos negativos de este impuesto, no solo para México, sino también para la economía estadounidense.
Expertos advierten que el impuesto podría reconfigurar el mercado de remesas. Migrantes podrían optar por canales informales, como el envío de efectivo o el uso de criptomonedas, lo que aumentaría los costos y riesgos de estas transferencias. Esto, a su vez, podría reducir el volumen de remesas, afectando el consumo en comunidades mexicanas donde estos recursos son esenciales.
La oposición en México no se ha quedado callada. Algunos analistas y legisladores han acusado al gobierno de Claudia Sheinbaum de no actuar con suficiente contundencia ante esta amenaza. Mientras el Ejecutivo promete una defensa férrea, críticos señalan que la estrategia diplomática ha sido insuficiente para frenar el avance de la propuesta en el Congreso estadounidense.
El embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, ha mantenido reuniones con funcionarios estadounidenses para expresar la preocupación de México. En un encuentro con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, Moctezuma destacó que las remesas no son un lujo, sino una necesidad básica para millones de familias. Sin embargo, las negociaciones no han logrado detener el proceso legislativo.
A medida que el proyecto avanza hacia el Senado estadounidense, la incertidumbre crece. La aprobación de este impuesto podría no solo afectar a México, sino también a otros países de América Latina que dependen de las remesas. La Casa Blanca ha mostrado entusiasmo por la medida, viéndola como una forma de financiar proyectos de seguridad fronteriza.
El debate sobre este impuesto pone en evidencia las tensiones en la relación México-Estados Unidos. Mientras el gobierno de Sheinbaum promete seguir luchando, las familias mexicanas esperan con preocupación el desenlace de esta medida que amenaza con mermar su sustento. El futuro de las remesas, vitales para millones, está en juego.