La nueva Ley de Telecomunicaciones propuesta por Morena ha desatado una fuerte controversia, y la diputada federal por Chihuahua, María Angélica Granados, no se ha quedado callada. En un foro reciente sobre la reforma, la legisladora alertó que esta iniciativa representa un grave riesgo para la libertad en internet, al permitir que el gobierno actúe como juez y parte en el control de la red.
El artículo 109 de la propuesta ha generado especial preocupación. Según Granados, este apartado otorgaría al Estado facultades para intervenir en la regulación de internet de manera arbitraria, comprometiendo la privacidad de los ciudadanos. La diputada señaló que esta medida podría violar derechos fundamentales y exponer a México a sanciones internacionales por incumplir tratados sobre libertad de expresión.
La reforma, presentada por el partido en el poder, ha sido criticada por su falta de claridad y por su potencial para limitar el acceso a la información. Granados destacó que el gobierno no debería tener el poder de decidir qué contenidos circulan en la red, ya que esto abre la puerta a la censura y al control político. La legisladora subrayó que la sociedad civil y la industria tecnológica han expresado su rechazo a esta iniciativa.
Otro punto crítico es la posible afectación a los datos personales de los usuarios. La propuesta retoma ideas como el registro de usuarios, algo que ya fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia en 2022 con el caso del Panaut. Granados advirtió que este tipo de medidas pone en riesgo la seguridad de la información personal, sin garantizar beneficios reales para los ciudadanos.
La iniciativa también incluye disposiciones que podrían incrementar los costos para los operadores de telecomunicaciones, lo que se traduciría en precios más altos para los usuarios. Por ejemplo, la obligación de soterrar infraestructura, según Granados, no solo elevaría los gastos de las empresas, sino que también podría contravenir las atribuciones de los municipios en materia de uso de suelo.
El foro en el que participó Granados, titulado “Reforma de Telecomunicaciones: desafíos y oportunidades”, buscaba abrir el diálogo sobre estas problemáticas. Sin embargo, la legisladora señaló que la propuesta de Morena carece de consensos y parece impulsada con prisas, sin tomar en cuenta las voces de expertos ni de la sociedad civil.
La intervención de Granados también puso énfasis en la necesidad de proteger la neutralidad en la competencia. La reforma plantea que CFE Telecom ofrezca servicios a precios subsidiados, pero no establece cómo identificar a los beneficiarios de estos apoyos. Esto podría generar una ventaja desleal en el mercado y afectar a los operadores privados.
La advertencia de Granados no es menor: la reforma podría posicionar a México como un país que vulnera derechos digitales en el ámbito internacional. Organismos globales ya han expresado preocupación por iniciativas similares en otros países, y México no sería la excepción si esta ley avanza sin modificaciones.
El debate sobre la Ley Telecom está lejos de terminar. Por ahora, la postura de Granados refleja el sentir de quienes ven en esta iniciativa un intento de Morena por consolidar su control, esta vez en el ámbito digital. La falta de transparencia en la discusión de la reforma solo alimenta las sospechas sobre las verdaderas intenciones del gobierno.
La ciudadanía y las organizaciones deberán mantenerse atentas a los próximos pasos en el Senado, donde se espera que el tema siga generando controversia. La advertencia de Granados es clara: sin cambios profundos, esta reforma podría ser un retroceso para la libertad y la privacidad en México.