En Chihuahua, un clamor urgente resuena entre colectivos feministas y ciudadanos indignados: la violencia familiar debe ser tipificada como tentativa de feminicidio. Esta demanda, surgida tras años de lucha contra la impunidad, busca endurecer las penas para quienes perpetran agresiones en el hogar, un espacio que debería ser seguro pero que, para muchas mujeres, se ha convertido en un escenario de terror.
La propuesta, impulsada por activistas y respaldada por organizaciones de derechos humanos, apunta a reformar el Código Penal del estado. La idea es clara: los actos de violencia familiar, especialmente aquellos que atentan contra la vida de las mujeres, deben ser considerados con la misma gravedad que un feminicidio en grado de tentativa. Esto permitiría sanciones más severas y una mayor protección para las víctimas.
En México, la violencia de género sigue siendo una herida abierta. Según datos oficiales, en 2024 se registraron 48 feminicidios en Chihuahua, una cifra alarmante que refleja la magnitud del problema. Las activistas señalan que muchas de estas tragedias podrían prevenirse si las autoridades actuaran con mayor contundencia desde las primeras señales de violencia.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género ha destacado que el 95% de los casos de violencia familiar en el estado han resultado en sentencias condenatorias. Sin embargo, las penas actuales no siempre reflejan la gravedad de los delitos, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad constante.
Un caso reciente en Ciudad Juárez ilustra la urgencia de esta reforma. Un hombre fue condenado por feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar tras agredir brutalmente a su pareja. Aunque se logró una sentencia de 14 años, las activistas insisten en que estos casos no deben quedar en condenas aisladas, sino que requieren un cambio estructural en la legislación.
La propuesta también busca enviar un mensaje claro a los agresores: la violencia en el hogar no será tolerada. Al tipificarla como tentativa de feminicidio, se reconocería que estos actos son parte de una escalada de violencia que, de no detenerse, puede culminar en la pérdida de vidas.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres han denunciado que la impunidad sigue siendo un obstáculo. En muchos casos, la falta de protocolos adecuados y la negligencia en las investigaciones permiten que los agresores evadan la justicia, perpetuando el ciclo de violencia.
La exigencia de las activistas no solo es un llamado a la acción, sino una demanda de justicia para las miles de mujeres que viven bajo la amenaza diaria de la violencia. En Chihuahua, la lucha por un entorno seguro para todas sigue más vigente que nunca.
Esta iniciativa podría marcar un precedente en el país, donde la violencia de género sigue siendo un desafío apremiante. La sociedad civil espera que las autoridades escuchen y actúen para proteger a las mujeres antes de que sea demasiado tarde.