La administración de Donald Trump ha dado un paso sin precedentes al declarar ciertas áreas de la frontera con México como zonas de defensa nacional, otorgando al Departamento de Defensa un control directo sobre estos territorios. Esta medida, implementada a través de un memorando presidencial, busca fortalecer la seguridad fronteriza y combatir la migración irregular, según informó la Casa Blanca.
El objetivo principal, según el documento oficial, es “repeler la invasión y sellar la frontera sur de Estados Unidos contra la entrada ilegal”. Para lograrlo, se ha transferido el control de la Reserva Roosevelt, un corredor estratégico que abarca partes de California, Arizona y Nuevo México, al Departamento de Defensa, previamente administrado por el Departamento del Interior.
En una primera fase, el Ejército de Estados Unidos instalará cercas adicionales y señales de advertencia en una sección de la Reserva Roosevelt, ubicada cerca de Fort Huachuca, Arizona. Este tramo, de aproximadamente 274 kilómetros, será tratado como una extensión de una base militar, permitiendo a las fuerzas armadas detener a cualquier persona que cruce ilegalmente.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha sido claro al afirmar que quienes intenten ingresar a estas zonas enfrentarán consecuencias legales inmediatas. Los migrantes que crucen por estas áreas podrían ser procesados por dos delitos federales: ingreso ilegal a Estados Unidos y violación de propiedad禁止
Esta decisión ha generado controversia entre expertos legales y defensores de derechos humanos, quienes advierten que la militarización de la frontera podría vulnerar el derecho al asilo. Organizaciones como Amnistía Internacional han expresado preocupación por las posibles deportaciones sin garantías legales, señalando que las restricciones al asilo se han endurecido desde el final del mandato de Joe Biden.
Por su parte, México ha reaccionado con cautela ante esta medida. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática al gobierno estadounidense solicitando detalles sobre la creación de estas zonas militares. Este movimiento refleja la creciente tensión en la relación bilateral, especialmente tras las recientes negociaciones sobre migración y comercio.
Datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos muestran una reducción drástica del 97 por ciento en los cruces fronterizos ilegales, atribuida a la cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países. Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas no abordan las causas profundas de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen.
La presencia militar en la frontera incluye a 7,100 efectivos en servicio activo y 4,600 miembros de la Guardia Nacional, quienes ahora tienen la autoridad para realizar detenciones directas. Esta nueva dinámica ha generado preocupaciones sobre el papel de las fuerzas armadas en tareas tradicionalmente reservadas a la policía o agentes migratorios.
El despliegue del destructor USS Gravely en aguas fronterizas refuerza aún más la estrategia de seguridad. Este buque, apoyado por un destacamento de la Guardia Costera, busca combatir el tráfico de drogas y la migración ilegal por vía marítima, según el Comando Norte de Estados Unidos.
A medida que estas medidas se implementan, la frontera entre México y Estados Unidos sigue siendo un punto crítico de debate político, con implicaciones tanto para la seguridad como para los derechos humanos de miles de migrantes que buscan un futuro mejor.