El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado un golpe contundente al rechazar 62,552 solicitudes de personas que buscaban ser observadores en la elección judicial del 1 de junio. ¿La razón? Irregularidades graves, como afiliaciones a partidos políticos, que comprometen la imparcialidad de este proceso histórico.
De las solicitudes descartadas, 48,360 fueron consideradas “no procedentes” porque los aspirantes estaban registrados como militantes de partidos, habían sido candidatos a cargos públicos o eran funcionarios vinculados a programas sociales. Este hallazgo pone en tela de juicio la transparencia de quienes intentaron infiltrarse en un proceso que debe ser estrictamente ciudadano.
El INE ha acreditado a 139,538 personas como observadores electorales, además de 366 visitantes extranjeros de 33 nacionalidades, quienes supervisarán la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación. Este proceso, único en su tipo, busca garantizar que los jueces y magistrados sean electos con total legitimidad.
Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario, explicó que la verificación de los observadores es un procedimiento minucioso. Su objetivo es asegurar que solo ciudadanos sin vínculos políticos participen, reforzando la confianza en esta elección sin precedentes.
Del total de solicitudes aprobadas, 11,445 fueron avaladas por los Consejos Locales y 128,093 por los Consejos Distritales del INE. Este esfuerzo refleja el compromiso del organismo por mantener la integridad de un proceso que marcará un hito en la historia democrática de México.
En cuanto a los visitantes extranjeros, se recibieron 401 solicitudes, de las cuales 366 ya fueron aprobadas. Países como Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Honduras, Haití y Colombia destacan entre los orígenes de estos observadores internacionales, quienes aportarán una mirada global a la elección.
El INE ha detectado un interés ciudadano sin igual, con un total de 316,498 solicitudes recibidas hasta el 21 de mayo. Este número supera por mucho las cifras de procesos electorales anteriores, lo que demuestra la relevancia de esta elección para la ciudadanía.
Sin embargo, las irregularidades detectadas en las solicitudes rechazadas encienden las alarmas. La presencia de militantes y operadores de programas sociales entre los aspirantes sugiere intentos de manipulación que podrían haber comprometido la neutralidad del proceso.
El organismo electoral enfatizó que los observadores tienen prohibido interferir en el desarrollo de la votación, hacer proselitismo o manifestarse a favor de cualquier candidato. Su labor se limita a vigilar y reportar, garantizando que el proceso sea transparente y confiable.
La elección judicial del 1 de junio será un momento clave para la democracia mexicana. Con el INE vigilante y miles de ciudadanos comprometidos, el proceso promete sentar un precedente de participación y transparencia, aunque las sombras de las irregularidades persisten.