Un ciudadano mexicano, Jesús Muñoz Gutiérrez, fue deportado por el gobierno de Donald Trump a un destino inesperado: Yibuti, en el este de África. Aunque inicialmente se reportó que el destino era Sudán del Sur, un país en conflicto armado, las autoridades confirmaron que Muñoz y otros siete migrantes están en una base militar estadounidense en Yibuti, generando controversia y críticas.
Muñoz Gutiérrez, condenado en Estados Unidos por asesinato en segundo grado, formaba parte de un grupo de ocho migrantes deportados, considerados por el Departamento de Seguridad Nacional como criminales peligrosos. Según las autoridades estadounidenses, ningún país quiso aceptarlos debido a la gravedad de sus delitos, lo que llevó a la decisión de enviarlos a un tercer país.
El caso ha desatado críticas por la falta de transparencia en el proceso. El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, expresó su descontento, señalando que no fue informado de la deportación de Muñoz. La mandataria destacó que, al tratarse de una persona privada de su libertad, se debió seguir un protocolo distinto.
Un juez federal en Boston, Brian Murphy, intervino en el caso, argumentando que la deportación violó una orden judicial previa. Según el magistrado, los migrantes no tuvieron tiempo suficiente para apelar, lo que representa una violación al debido proceso. Por ello, ordenó mantener a los deportados en Yibuti mientras se resuelve la legalidad de su expulsión.
Donald Trump, por su parte, no tardó en reaccionar. En un mensaje en Truth Social, calificó a los migrantes como “monstruos” y criticó al juez, acusándolo de obstaculizar la seguridad nacional. El presidente estadounidense afirmó que el destino final de los deportados era Sudán del Sur, un país sumido en la violencia.
Organizaciones de derechos humanos han alzado la voz, denunciando que enviar a migrantes a países en conflicto pone en riesgo sus vidas. La decisión de deportar a Muñoz y los demás a un lugar sin vínculos con su origen ha sido cuestionada como una maniobra para evadir responsabilidades legales.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió su postura, asegurando que los deportados siguen bajo custodia estadounidense en Yibuti. Sin embargo, no han aclarado cuál será su destino final, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro de estas personas.
La polémica crece mientras el gobierno de Sheinbaum analiza la posibilidad de repatriar a Muñoz. La presidenta señaló que, de regresar a México, el ciudadano enfrentaría protocolos legales debido a su condena, lo que podría significar continuar privado de su libertad.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre México y Estados Unidos en materia migratoria. La falta de comunicación y las decisiones unilaterales del gobierno de Trump han avivado el debate sobre los derechos de los migrantes y el manejo de las deportaciones.
Mientras tanto, el destino de Jesús Muñoz Gutiérrez y los otros siete migrantes sigue en el aire, en una base militar en Yibuti, lejos de sus países de origen y en medio de un conflicto legal que podría marcar un precedente en las políticas migratorias de Trump.