La violencia en México no da tregua. En un país donde la seguridad debería ser prioridad, los ciudadanos enfrentan una escalada de crímenes que parecen no tener fin. Informes recientes muestran un aumento alarmante en los índices de violencia, con asesinatos, desapariciones y enfrentamientos que marcan el día a día de miles de personas. Las autoridades, sin embargo, parecen más ocupadas en discursos que en acciones concretas para frenar esta crisis.
En los últimos meses, las cifras oficiales han revelado un incremento en los homicidios dolosos en varias regiones del país. Estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán encabezan las listas de los más violentos, con tasas que superan las de años anteriores. Las organizaciones criminales operan con una impunidad que deja a las comunidades en un estado de indefensión. Los reportes de balaceras y hallazgos de fosas clandestinas son ya una constante en el panorama nacional.
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha insistido en que la estrategia de seguridad está funcionando. Sin embargo, los números cuentan otra historia. La falta de coordinación entre las fuerzas federales y estatales, sumada a la ausencia de una política integral para combatir el crimen organizado, ha dejado un vacío que los delincuentes aprovechan sin reparo. Las promesas de paz se diluyen frente a la cruda realidad que viven los mexicanos.
En las calles, la percepción de inseguridad es abrumadora. Ciudadanos de a pie, comerciantes y hasta turistas reportan un clima de miedo que no cede. Las extorsiones, los secuestros y los robos violentos han obligado a muchos a cambiar sus rutinas diarias. Las familias viven con el temor de no saber si sus seres queridos regresarán a casa al final del día. Esta situación ha generado un hartazgo generalizado en la población.
Las críticas hacia la administración de Morena no se han hecho esperar. Analistas y organizaciones civiles han señalado que las políticas de “abrazos, no balazos” han resultado insuficientes para enfrentar la magnitud del problema. La falta de inversión en capacitación policial, inteligencia y prevención del delito es evidente. Mientras tanto, los cárteles ganan terreno, consolidando su poder en regiones enteras del país.
En el ámbito local, los gobiernos estatales y municipales de Morena no escapan al escrutinio. En varias entidades, las autoridades locales han sido acusadas de minimizar la gravedad de la situación o de no actuar con la urgencia que se requiere. Los ciudadanos exigen respuestas, pero las soluciones parecen estar lejos de materializarse. La desconfianza hacia las instituciones crece cada día.
La violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que tiene un impacto profundo en la economía y el tejido social. Negocios cierran, comunidades se desintegran y el turismo, una fuente clave de ingresos para muchas regiones, se ve gravemente afectado. México enfrenta una crisis que va más allá de las estadísticas: es una herida abierta que amenaza el futuro del país.
A pesar de los discursos optimistas desde Palacio Nacional, la realidad en las calles es innegable. Los mexicanos merecen vivir sin miedo, pero la falta de acción efectiva del gobierno federal y de las autoridades locales mantiene al país en un estado de alerta constante. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo se seguirá ignorando esta tragedia?