El gobierno de Donald Trump ha iniciado una nueva ofensiva contra los derechos de los menores migrantes en Estados Unidos. Con un recurso presentado ante un tribunal en California, la administración republicana pretende eliminar por completo el Acuerdo Flores, un pacto judicial vigente desde 1997 que establece normas mínimas para el trato de menores bajo custodia federal.
Este acuerdo, nombrado en honor a Jenny Flores, una menor de 15 años que huyó de la guerra civil en El Salvador en 1985, garantiza a los menores migrantes acceso a servicios básicos como salud y educación. También obliga a las autoridades a mantenerlos en instalaciones adecuadas y liberarlos rápidamente a un familiar o representante legal.
La administración Trump argumenta que las condiciones en los centros de detención han mejorado sustancialmente desde la firma del acuerdo. Según su postura, estas regulaciones ya no son necesarias y limitan la capacidad del gobierno para manejar la migración. Sin embargo, defensores de los derechos de los migrantes advierten que eliminar estas protecciones podría dejar a los menores en una situación de extrema vulnerabilidad.
Esta no es la primera vez que Trump intenta desmantelar el Acuerdo Flores. Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, un tribunal de apelaciones bloqueó un intento similar. Curiosamente, la administración de Barack Obama también buscó modificar este acuerdo en 2014, tras un aumento en la llegada de niños no acompañados, pero sus esfuerzos fueron igualmente frenados.
El Acuerdo Flores surgió tras el caso de Jenny Flores, quien enfrentó condiciones inhumanas tras cruzar la frontera. Fue sometida a registros invasivos y encerrada en un centro juvenil sin acceso a educación ni recreación. Este precedente marcó un hito en la protección de menores migrantes, obligando al gobierno a establecer estándares mínimos de cuidado.
Eliminar este acuerdo podría significar que los menores detenidos queden en instalaciones sin licencias adecuadas, sin acceso garantizado a servicios esenciales y con períodos de detención más prolongados. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación, señalando que esta medida podría agravar los retos que enfrentan los niños migrantes.
Además, el pacto ha permitido a abogados defensores visibilizar las duras condiciones que enfrentan los menores bajo custodia federal. Sin estas protecciones, los migrantes más jóvenes podrían quedar aún más desamparados frente a un sistema migratorio cada vez más restrictivo.
La iniciativa de Trump se enmarca en una política migratoria más amplia, que incluye medidas como la eliminación de cuidados especiales para mujeres embarazadas y bebés en detención. Estas acciones han generado críticas de organizaciones civiles, que denuncian un retroceso en los derechos humanos de los migrantes.
El debate sobre el Acuerdo Flores llega en un momento de creciente tensión migratoria en la frontera de Estados Unidos. Mientras el gobierno busca agilizar deportaciones, los defensores de los migrantes advierten que los niños no acompañados son particularmente vulnerables y requieren un trato humano y digno.
La batalla legal en torno a este acuerdo continuará en los tribunales, pero el resultado podría redefinir el trato que reciben los menores migrantes en el país. Por ahora, la propuesta de Trump ha encendido las alarmas entre quienes luchan por los derechos de los más vulnerables.