Francisco “Pancho” Márquez Salcido y Ana Lilia Rivera Flores, exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, han sido inhabilitados por seis meses para ocupar cargos públicos. La sanción, impuesta por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, responde a un desfalco de casi 210 millones de pesos que no fueron entregados a Pensiones Civiles del Estado, a pesar de contar con los recursos para hacerlo.
La Auditoría Superior del Estado, encabezada por Héctor Acosta Félix, acreditó que ambos incurrieron en abuso de funciones durante el quinquenio de Javier Corral. Este periodo se caracterizó por un manejo financiero desastroso, especialmente en la UACH, bajo la rectoría de Luis Fierro, marcada por ineficiencia y presuntas corruptelas.
La omisión de pagos a Pensiones Civiles no fue un error aislado. Según la investigación, los exfuncionarios sabían de la importancia de estos recursos, pero optaron por no cumplir con su obligación. Esta irregularidad agravó la crisis financiera de la institución, que hoy enfrenta deudas que superan los 700 millones de pesos, según estimaciones del actual rector, Luis Rivera Campos.
El desfalco en la UACH no es un caso aislado. Otras dependencias, como la Secretaría de Hacienda y la Junta Municipal de Agua de Chihuahua, también omitieron pagos a Pensiones Civiles, contribuyendo al colapso financiero del organismo. Estas prácticas, recurrentes durante el gobierno de Corral, dejaron un impacto devastador en los servicios para los burócratas estatales.
La sanción a Márquez Salcido y Rivera Flores marca un precedente. Es la primera acción concreta contra el mal manejo financiero en la UACH durante el corralato. Sin embargo, la deuda total de la universidad con Pensiones Civiles podría alcanzar los 800 millones de pesos, según reportes previos.
La magnitud de este problema financiero no solo afecta a la UACH, sino a todo el sistema de seguridad social de Chihuahua. La falta de recursos en Pensiones Civiles ha resultado en una atención deficiente para los trabajadores estatales, que enfrentan servicios de mala calidad en medio de una crisis que parece no tener fin.
El caso pone en evidencia la necesidad de una mayor vigilancia en el manejo de recursos públicos. La Auditoría Superior del Estado ha enviado un mensaje claro: quienes omitan pagos a instituciones como Pensiones Civiles enfrentarán consecuencias. Sin embargo, la recuperación de los recursos perdidos sigue siendo un reto monumental.
Este escándalo en la UACH resalta las secuelas de una gestión marcada por la negligencia. Mientras las autoridades universitarias y estatales buscan soluciones, los trabajadores y sus familias son quienes pagan el precio de estas irregularidades. La pregunta ahora es si habrá más sanciones o si este caso será solo la punta del iceberg.