Una grave denuncia sacude Chihuahua. La diputada local Ivón Salazar ha señalado a la Fiscalía General del Estado por presunta negligencia en la investigación de la muerte de una maestra, un caso que ha generado indignación en la comunidad. La legisladora de Morena no se guardó nada y acusó a las autoridades de no actuar con la seriedad que un hecho tan delicado merece.
El caso se centra en el fallecimiento de una docente en circunstancias aún no esclarecidas. Según Salazar, la Fiscalía ha mostrado una actitud pasiva, sin avances significativos en las indagaciones. La diputada aseguró que la familia de la víctima ha enfrentado trabas y falta de respuestas claras, lo que ha profundizado su dolor y desconfianza en las instituciones.
La maestra, cuya identidad no ha sido revelada por respeto a la familia, perdió la vida en un hecho que ha conmocionado a la comunidad educativa. La legisladora destacó que este no es un caso aislado, sino parte de un patrón de ineficiencia en la Fiscalía, que parece más interesada en proteger su imagen que en buscar justicia.
Salazar no dudó en señalar a los responsables. Criticó directamente al fiscal general, César Jáuregui, por lo que calificó como una gestión deficiente. Según la diputada, la falta de peritos especializados y la lentitud en los procesos han dejado a las víctimas y sus familias en el abandono.
La indignación de la legisladora también apuntó a la opacidad en el manejo del caso. Aseguró que la Fiscalía no ha proporcionado información clara sobre las circunstancias de la muerte, lo que ha generado especulaciones y rumores en la comunidad. Este hermetismo, dijo, solo alimenta la percepción de que algo se está ocultando.
El caso ha puesto en el centro del debate la actuación de las autoridades estatales. Mientras la familia de la maestra exige justicia, la sociedad chihuahuense se pregunta si las instituciones están realmente comprometidas con esclarecer los hechos. La presión sobre la Fiscalía crece día con día.
Salazar también hizo un llamado a revisar los procedimientos internos de la Fiscalía. Insistió en que se necesitan cambios urgentes para garantizar investigaciones transparentes y efectivas. La muerte de la maestra, afirmó, no puede quedar como un número más en las estadísticas de impunidad.
La comunidad educativa de Chihuahua se ha sumado a las críticas. Maestros y padres de familia han expresado su preocupación por la falta de avances en el caso. Para muchos, este episodio refleja un problema más grande: la incapacidad de las autoridades para garantizar justicia en casos sensibles.
La legisladora prometió seguir alzando la voz. Dijo que no descansará hasta que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables, si los hubiera. Mientras tanto, la familia de la maestra sigue esperando respuestas, atrapada entre el dolor y la incertidumbre.
Este caso pone bajo la lupa el desempeño de la Fiscalía en Chihuahua. La presión social y política crece, y la ciudadanía exige que las autoridades actúen con responsabilidad. La muerte de la maestra no solo es una tragedia, sino un recordatorio de los retos que enfrenta el sistema de justicia en el estado.