Una corte civil en Miami, Florida, ha emitido una sentencia histórica contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra. Ambos deberán pagar una multa de 2,488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales durante el gobierno de Felipe Calderón.
La decisión fue tomada por la jueza Lisa Walsh tras una audiencia virtual el 22 de mayo de 2025. El fallo responde a una demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México en 2021, que acusó a la pareja de desviar fondos públicos mexicanos y lavarlos en Estados Unidos.
García Luna, quien ya cumple una condena de 38 años en una prisión de Virginia por delitos relacionados con el narcotráfico, deberá restituir 748 millones de dólares. Este monto representa parte de los recursos que, según la UIF, obtuvo ilícitamente a través de contratos gubernamentales manipulados.
Por su parte, Linda Cristina Pereyra enfrenta una sanción aún mayor, con una multa de 1,740 millones de dólares. La corte determinó que ella jugó un papel clave en la transferencia y ocultamiento de los fondos robados, utilizando propiedades y sociedades pantalla en Florida.
La UIF señaló que entre 2012 y 2018, García Luna y sus cómplices desviaron al menos 250 millones de dólares del erario mexicano. Estos fondos fueron transferidos a Miami-Dade, Florida, para adquirir propiedades de lujo, incluyendo condominios en Aventura, con el objetivo de ocultar su origen ilícito.
El caso se resolvió sin juicio, ya que ni García Luna ni Pereyra respondieron a la demanda. La jueza Walsh advirtió en múltiples ocasiones sobre las consecuencias de no comparecer, pero la pareja no presentó defensa alguna, lo que llevó a un fallo por default en su contra.
La sentencia también abre la puerta para que México confisque bienes adquiridos por la pareja en Florida y otras jurisdicciones. Entre los activos identificados se encuentran 19 propiedades, aunque 18 ya fueron vendidas, 12 antes del inicio del litigio y seis después.
Este fallo representa un paso significativo en los esfuerzos del gobierno mexicano por recuperar recursos robados. La UIF continúa negociando con otros implicados en el caso, como los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes podrían alcanzar acuerdos para evitar un juicio.
García Luna, conocido por su rol como titular de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, enfrenta además procesos en México por lavado de dinero y delincuencia organizada. Las autoridades mexicanas han expresado su intención de solicitar su extradición, así como la de su esposa, para enfrentar cargos en el país.
La sentencia en Miami refuerza las acusaciones de corrupción contra García Luna y su círculo cercano, quienes habrían acumulado una fortuna a costa del erario público. Este caso sigue generando debate sobre la impunidad y los vínculos entre política y crimen organizado en México.