La organización Artículo 19 ha encendido las alarmas sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Según el análisis de esta ONG, la iniciativa concentra un poder desmedido en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo que dependerá directamente del Ejecutivo federal. Esta centralización de facultades podría poner en jaque la libertad de expresión y el acceso a la información en el país.
Uno de los puntos más preocupantes es la capacidad de la Agencia para otorgar, renovar y revocar concesiones de espectro radioeléctrico sin contrapesos claros. Esto significa que el gobierno federal, encabezado por Morena, tendría un control casi absoluto sobre quién puede operar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en México. Expertos advierten que esta estructura podría derivar en decisiones arbitrarias que beneficien a aliados políticos.
Además, la propuesta legislativa incluye facultades para que la Secretaría de Gobernación (Segob) supervise contenidos en medios de comunicación. Artículo 19 rechaza tajantemente esta medida, argumentando que otorgar a Segob el poder de regular lo que se transmite en radio, televisión o plataformas digitales abre la puerta a la censura. La organización subraya que este tipo de control es incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión.
Otro aspecto crítico es el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil. Aunque el gobierno asegura que busca mejorar la conectividad, Artículo 19 alerta que esta medida podría vulnerar la privacidad de los ciudadanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado inconstitucional un registro similar en el pasado, pero la iniciativa de Sheinbaum insiste en implementarlo sin aclarar cómo protegerá los datos personales.
La eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es otro tema que genera controversia. La nueva ley transfiere las funciones del IFT a la Agencia de Transformación Digital, un organismo que carece de autonomía y está subordinado al Poder Ejecutivo. Esto podría debilitar la regulación imparcial del sector y afectar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones.
Senadores de oposición, como Ricardo Anaya del PAN, han señalado que algunos artículos de la ley violan el T-MEC, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. En particular, la asignación directa de espectro radioeléctrico a entidades del gobierno podría ser considerada una práctica anticompetitiva, lo que pondría a México en riesgo de sanciones internacionales.
Por su parte, el senador de Morena, Javier Corral, ha intentado calmar las aguas asegurando que la ley no busca censurar plataformas digitales. Sin embargo, sus promesas de modificar artículos polémicos, como el que permitía bloquear redes sociales sin orden judicial, no han convencido a los críticos. La falta de claridad en la redacción de la ley sigue siendo un punto de fricción.
Artículo 19 también critica la opacidad en el proceso legislativo. Aunque el Senado ha organizado conversatorios para discutir la iniciativa, no se ha garantizado una consulta amplia con todos los sectores involucrados. La organización exige que cualquier reforma en materia de telecomunicaciones sea transparente y respete los derechos fundamentales de los mexicanos.
Mientras el debate continúa, la preocupación crece entre la sociedad civil. La nueva ley, que busca conectar a 15 millones de mexicanos sin acceso a internet, podría tener un costo muy alto: el debilitamiento de la libertad de expresión y la privacidad. El futuro de las telecomunicaciones en México está en juego, y las decisiones que tome el gobierno de Sheinbaum marcarán el rumbo del país en este sector clave.