En un preocupante panorama para la seguridad en Nuevo León, autoridades han revelado que el 80% de los delitos en el estado involucran el uso de motocicletas. Esta cifra, presentada por la Fiscalía General de Justicia, pone en evidencia el creciente uso de estos vehículos en actividades delictivas, desde robos hasta homicidios.
La motocicleta se ha convertido en una herramienta clave para los criminales debido a su agilidad y facilidad para evadir a las autoridades. Según el fiscal, los delincuentes aprovechan la rapidez de estos vehículos y la dificultad para identificar a los conductores, especialmente cuando usan cascos, lo que complica las labores de investigación y captura.
Monterrey, Guadalupe y Apodaca son los municipios donde se concentra la mayor incidencia de estos delitos. En estas zonas, los robos a transeúntes, asaltos a negocios y hasta homicidios dolosos perpetrados por motociclistas han incrementado de manera alarmante, generando temor entre la población.
El aumento en el uso de motocicletas para cometer crímenes coincide con el crecimiento del parque vehicular de estos vehículos en el estado. Entre 2015 y 2021, el padrón de motocicletas creció un 220%, según datos de Control Vehicular, lo que refleja su popularidad, pero también su uso indebido.
Las autoridades estatales han reconocido la gravedad del problema y están impulsando medidas para regular el uso de motocicletas. Entre las propuestas se encuentra un plan de regularización que busca identificar a los propietarios y conductores, así como establecer sanciones más estrictas para quienes utilicen estos vehículos en actividades ilícitas.
Sin embargo, la falta de acción efectiva hasta ahora ha generado críticas. La ciudadanía señala que la vigilancia en las calles sigue siendo insuficiente, y los operativos para detener a los responsables de estos delitos no han dado los resultados esperados, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad.
Organizaciones de motociclistas, por su parte, han pedido no estigmatizar a todos los conductores. Argumentan que la mayoría usa estos vehículos para trabajar o transportarse, y que las autoridades deben enfocarse en los delincuentes, no en quienes dependen de las motos para su día a día.
La situación pone en jaque a las corporaciones de seguridad en Nuevo León. Mientras los delitos cometidos con motocicletas no disminuyen, la presión crece para que el gobierno estatal implemente estrategias más efectivas que garanticen la tranquilidad de los ciudadanos.
Este escenario refleja un desafío complejo: equilibrar la regulación de un medio de transporte cada vez más común con la necesidad urgente de frenar la ola de inseguridad que afecta a las calles de Nuevo León.
La ciudadanía espera respuestas concretas. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo se permitirá que las motocicletas sean el vehículo predilecto de la delincuencia en el estado?