En Chimalhuacán, Estado de México, las autoridades han detenido a 42 personas acusadas de despojo de viviendas en lo que va del año. Este delito, que ha ganado notoriedad en la región, refleja la creciente ola de inseguridad que afecta a los habitantes del municipio. Los operativos, que buscan frenar estas prácticas, han permitido recuperar 14 inmuebles, pero los números muestran que el problema está lejos de resolverse.
El despojo de propiedades se ha convertido en una práctica alarmante en Chimalhuacán. Según las autoridades, los responsables suelen aprovechar viviendas deshabitadas para irrumpir, cambiar cerraduras y, en algunos casos, incluso falsificar contratos de arrendamiento. Las colonias más afectadas son Acuitlapilco y Lomas de Chocolín, donde los vecinos viven con el temor constante de perder sus hogares.
El director operativo de la policía municipal, Arturo Hernández, explicó que los invasores actúan con audacia, detectando casas vacías para apoderarse de ellas. En muchos casos, los delincuentes operan en grupos organizados, lo que dificulta la intervención de las autoridades. La falta de vigilancia efectiva y la lentitud en la respuesta de las instituciones han agravado esta situación.
El Operativo Restitución, que involucra a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, ha sido la respuesta del gobierno para intentar recuperar las propiedades despojadas. Sin embargo, los resultados aún son insuficientes frente a la magnitud del problema, y los ciudadanos exigen medidas más contundentes.
En el Estado de México, el despojo de inmuebles no es un problema aislado. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, entre 2015 y marzo de 2025, se han denunciado más de 42 mil casos en el estado, con un pico en 2024. Esto posiciona a la entidad como el epicentro de este delito a nivel nacional, representando el 18% de los casos en el país.
La historia de doña Carlota, una mujer de 70 años que disparó a dos personas que intentaron despojarla de su vivienda en Chalco, puso este problema en el reflector. Su caso, aunque extremo, evidenció la desesperación de los ciudadanos ante la inacción de las autoridades. Actualmente, ella y sus hijos enfrentan un proceso legal, pero su situación destapó la gravedad del problema.
Los vecinos de las zonas afectadas han tomado medidas por su cuenta, organizándose en grupos de WhatsApp y colocando cámaras de seguridad para vigilar sus propiedades. Sin embargo, estas iniciativas ciudadanas no sustituyen la responsabilidad del gobierno de garantizar la seguridad y proteger el patrimonio de las familias.
El director operativo hizo un llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa en inmuebles deshabitados. Sin embargo, la confianza en las autoridades está desgastada, ya que muchos ciudadanos sienten que las denuncias no prosperan o que los responsables quedan impunes.
La creación de la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo, en abril de 2025, busca dar un enfoque más específico a este problema. Aunque se han recuperado 268 propiedades en 31 municipios durante abril y mayo, la percepción general es que el gobierno no está atacando las raíces del problema, como la posible colusión de funcionarios o la falta de políticas preventivas.
Mientras las autoridades presumen avances, los habitantes de Chimalhuacán y otros municipios del Estado de México siguen viviendo con la incertidumbre de no saber si sus hogares estarán seguros. La lucha contra el despojo de inmuebles continúa, pero la falta de resultados contundentes mantiene la inseguridad como una sombra constante sobre la población.