El gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha una política migratoria que busca presionar a los migrantes irregulares para que abandonen voluntariamente Estados Unidos. Desde el pasado 21 de mayo, se comenzaron a aplicar multas de hasta un millón de dólares a quienes no cumplan con órdenes de deportación, una medida que ha generado controversia por su severidad y su impacto en comunidades vulnerables.
La estrategia, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), establece sanciones diarias de 998 dólares a migrantes con órdenes de deportación que permanezcan en el país. Estas multas pueden aplicarse de manera retroactiva por hasta cinco años, lo que podría acumular penalidades millonarias para aquellos que han evadido la deportación durante largos periodos.
Además de las multas, las autoridades han advertido que quienes no paguen enfrentarán la confiscación de sus propiedades. Esta medida busca incentivar la autodeportación a través de la presión económica, ofreciendo a los migrantes la posibilidad de evitar sanciones si abandonan el país voluntariamente utilizando la aplicación CBP Home.
El DHS ha señalado que esta política forma parte de un esfuerzo más amplio para cumplir con las promesas de campaña de Trump, quien ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Según datos oficiales, alrededor de 1.4 millones de migrantes con órdenes de deportación podrían ser afectados por estas sanciones.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han criticado duramente la medida, calificándola como una táctica intimidatoria que afecta desproporcionadamente a familias de bajos ingresos. Los críticos argumentan que las multas son arbitrarias y que la confiscación de bienes podría dejar a muchas personas en una situación de extrema vulnerabilidad.
Por otro lado, el gobierno de Trump defiende la política como una herramienta para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha destacado que los migrantes que opten por la autodeportación podrán recibir apoyo financiero para su regreso y, en algunos casos, conservar la posibilidad de reingresar legalmente al país en el futuro.
La implementación de estas multas llega acompañada de otras medidas migratorias, como la revocación de permisos de permanencia otorgados a través de la aplicación CBP One y la autorización de redadas en lugares previamente considerados “sensibles”, como iglesias, escuelas y hospitales. Estas acciones reflejan el endurecimiento de la política migratoria en el segundo mandato de Trump.
El impacto económico y humano de estas sanciones aún está por verse, pero ya han generado un intenso debate. Mientras el gobierno insiste en que busca restablecer el orden en la frontera, los defensores de los migrantes advierten que estas medidas podrían tener consecuencias devastadoras para millones de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos.
En países como Honduras y Colombia, los gobiernos han ofrecido programas de reintegración para los migrantes que regresen, incluyendo bonos económicos y asistencia social. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de los afectados persiste, especialmente para aquellos que enfrentan deudas millonarias o la pérdida de sus propiedades.
Esta política marca un nuevo capítulo en la agenda migratoria de Trump, que continúa generando reacciones encontradas tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional. Las próximas semanas serán clave para determinar cómo se implementarán estas medidas y cuál será su impacto en las comunidades migrantes.