La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso más en el controvertido proyecto del Tren Maya al decretar la expropiación de 70 inmuebles privados. Este movimiento, anunciado el 20 de mayo de 2025, abarca más de 663 mil metros cuadrados en varios estados del sureste mexicano. La decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ha desatado críticas y preocupaciones sobre el impacto en los propietarios y el medio ambiente.
Los terrenos expropiados se encuentran en Palenque, Chiapas; Balancán, Tabasco; y diversos municipios de Campeche, como Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Champotón, Escárcega y Calakmul. También se incluyen propiedades en Yucatán, en municipios como Mérida, Tixpéhual, Chocholá, Izamal, Tixkokob, Maxcanú, Umán y Uayma, además de Solidaridad, en Quintana Roo. La expropiación no solo abarca los terrenos, sino también las construcciones e instalaciones que forman parte de ellos.
El decreto presidencial justifica esta acción como una medida de utilidad pública para garantizar la continuidad del Tren Maya, un proyecto insignia del gobierno federal. Sin embargo, la ocupación inmediata de los inmuebles por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha generado controversia. Los propietarios afectados tendrán solo diez días hábiles para impugnar el monto de la indemnización, aunque esto no detendrá la toma de posesión de los terrenos.
Organizaciones como Greenpeace han alzado la voz, alertando sobre los riesgos ambientales que el Tren Maya sigue representando. La construcción del proyecto ha sido cuestionada por su impacto en ecosistemas sensibles del sureste, incluyendo selvas y cenotes. Estas preocupaciones persisten, y la expropiación masiva de terrenos privados no hace más que avivar el debate sobre la sustentabilidad del megaproyecto.
La empresa Tren Maya, S.A. de C.V., será la encargada de cubrir las indemnizaciones con su presupuesto autorizado. Sin embargo, el proceso de valuación y compensación ha sido criticado por falta de transparencia. Muchos propietarios temen recibir pagos insuficientes por sus tierras, lo que podría generar conflictos legales en los próximos meses.
El Tren Maya, promovido como un motor de desarrollo económico y turístico para la región, ha enfrentado múltiples obstáculos desde su inicio. Las expropiaciones, que suman cientos de terrenos en los últimos años, reflejan la determinación del gobierno por avanzar con el proyecto, pero también el costo social y ambiental que esto implica. La oposición señala que estas medidas priorizan los intereses políticos sobre los derechos de los ciudadanos.
Para los defensores del proyecto, la expropiación es un paso necesario para conectar la península de Yucatán y fomentar el turismo y el comercio. El Tren Maya promete recorrer más de mil 500 kilómetros, uniendo cinco estados del sureste. Sin embargo, el costo de este sueño sigue siendo motivo de controversia, con comunidades locales y activistas exigiendo mayor claridad y respeto por sus derechos.
Este nuevo capítulo en la saga del Tren Maya pone en el centro del debate el equilibrio entre desarrollo y justicia. Mientras el gobierno de Sheinbaum avanza con mano firme, las voces críticas no cesan. La pregunta sigue en el aire: ¿es el Tren Maya un proyecto transformador o un ejemplo de abuso de poder? El tiempo y las acciones legales de los afectados podrían dar la respuesta.