El gobierno ruso ha dado un paso controvertido al aprobar una ley que prohíbe la promoción de un estilo de vida sin hijos, conocida como “propaganda childfree”. Esta medida, impulsada por el presidente Vladimir Putin, busca contrarrestar la crisis demográfica que enfrenta el país, agravada por la guerra en Ucrania y la emigración de ciudadanos.
La nueva legislación impone multas de hasta 50,800 dólares a quienes promuevan en medios, redes sociales, películas o publicidad la idea de no tener hijos. Según las autoridades, esta “propaganda” atenta contra los valores tradicionales de la familia, que el gobierno considera esenciales para la supervivencia de la nación.
La Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, aprobó la ley por unanimidad en su primera lectura. Aún debe pasar por dos lecturas más para convertirse en legislación oficial, pero su avance refleja la urgencia del gobierno por revertir la caída de la tasa de natalidad, que ha alcanzado mínimos históricos.
El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, ha defendido la medida, argumentando que protege a los rusos de una “ideología de esterilidad” promovida en internet y medios. Según Volodin, esta influencia, que atribuye a Occidente, desvaloriza la maternidad, la paternidad y las familias numerosas.
Sin embargo, expertos demográficos cuestionan la efectividad de la ley. Alexey Raksha, analista ruso, señaló que solo un pequeño porcentaje de la población expresa desinterés por tener hijos, según encuestas recientes. Para Raksha, la medida tiene más un trasfondo político que un impacto real en la natalidad.
La crisis demográfica de Rusia no es nueva, pero se ha intensificado por el conflicto en Ucrania, que ha causado pérdidas humanas y un éxodo de ciudadanos. En este contexto, el gobierno ha implementado otras medidas, como incentivos económicos para fomentar la maternidad, especialmente entre adolescentes.
Críticos de la ley advierten que podría limitar la libertad de expresión, al sancionar opiniones personales sobre la decisión de no tener hijos. Además, señalan que el gobierno ignora problemas estructurales, como la falta de apoyo económico y social para las familias.
Organizaciones feministas han sido puestas en la mira, ya que las autoridades rusas las acusan de promover ideas contrarias a los valores tradicionales. Esta no es la primera vez que Rusia restringe movimientos sociales, tras haber prohibido el activismo LGTBI en el pasado.
Mientras tanto, la población rusa enfrenta un futuro incierto, con una economía afectada por sanciones internacionales y un gobierno que apuesta por medidas autoritarias para resolver problemas complejos. La ley ha generado un debate global sobre los límites entre política demográfica y derechos individuales.
El panorama demográfico de Rusia sigue siendo sombrío, y esta nueva legislación parece ser solo una pieza más en un rompecabezas que combina tradición, control estatal y desafíos sociales profundos.