La demanda, impulsada por grupos como el Sierra Club, Earthjustice, el Centro para la Diversidad Biológica y la Fundación de Derecho Ambiental del Golfo, señala que las actividades petroleras amenazan la biodiversidad del Golfo, un ecosistema vital para miles de especies marinas.
Según los demandantes, el gobierno de Trump ha autorizado perforaciones en aguas profundas sin realizar evaluaciones ambientales adecuadas, lo que representa un riesgo directo para la fauna marina, incluyendo cetáceos y tortugas en peligro de extinción.
El Golfo de México es hogar de más de 15,000 especies, incluyendo 29 tipos de mamíferos marinos, como el cachalote, que depende de las aguas profundas para su alimentación y migración. Estas especies enfrentan amenazas por los derrames de petróleo y la contaminación acústica generada por las exploraciones.
La ballena de Rice, una de las especies más raras del mundo, y la tortuga lora, ambas protegidas, están en el centro de la controversia. Los ambientalistas advierten que las actividades petroleras podrían tener impactos devastadores en sus poblaciones, que ya son vulnerables.
La demanda busca que se detengan las autorizaciones de nuevos proyectos petroleros hasta que se realicen estudios exhaustivos sobre su impacto ambiental, priorizando la conservación de este ecosistema clave para México, Estados Unidos y Cuba.
Organizaciones como Oceana México han destacado la importancia de proteger el Golfo, no solo por su biodiversidad, sino también por las 90,000 familias de comunidades pesqueras en estados como Tamaulipas, Veracruz y Campeche, cuya economía depende de la salud de este ecosistema.
El caso recuerda desastres como el de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, que derramó millones de barriles de crudo, causando daños irreparables a la fauna y a las comunidades costeras, un precedente que los ambientalistas buscan evitar.
Los demandantes también critican la falta de transparencia en las decisiones del gobierno de Trump, argumentando que las políticas energéticas actuales priorizan los intereses de la industria petrolera sobre la protección ambiental.
La batalla legal representa un esfuerzo por preservar uno de los ecosistemas más ricos y amenazados del mundo, en un momento en que la presión por los recursos energéticos choca con la urgencia de la conservación.