El narcotráfico sigue siendo una herida abierta en México, y las recientes amenazas de intervención extranjera no hacen más que avivar el fuego. Estados Unidos planea usar drones para atacar objetivos del crimen organizado en nuestro país, una movida que ha encendido las alarmas en el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien defiende a capa y espada la “soberanía nacional”. Pero, ¿de qué soberanía hablamos cuando el narcopoder parece tener más control que las autoridades?
Hace 40 años, el presidente Miguel de la Madrid enfrentó un episodio que marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. El embajador estadounidense Jhon Gavin pidió ayuda para encontrar a Enrique Camarena, un agente de la DEA desaparecido en Guadalajara en 1985. Junto a él, también buscaban a Alfredo Zavala, un piloto y exmilitar mexicano. Este caso destapó la magnitud del problema: el narco ya no era un tema menor, sino una fuerza que operaba con impunidad.
El caso Camarena no fue un hecho aislado. Apenas meses antes, el ejército mexicano había incautado un rancho en Chihuahua, propiedad del capo Rafael Caro Quintero. En ese lugar, en la colonia Búfalo, municipio de Allende, operaban unos 10 mil jornaleros dedicados al cultivo, procesamiento y empaque de marihuana de alta calidad para exportación. Este operativo dejó claro que el narcotráfico no solo era un negocio, sino una industria que movía masas y generaba fortunas.
Hoy, la situación no parece haber cambiado mucho. Chihuahua, por su cercanía con Estados Unidos, sigue siendo un punto caliente para el narcotráfico. Las amenazas de intervención extranjera, sumadas a tensiones geopolíticas globales, como las advertencias de Rusia a Estados Unidos por el conflicto en Ucrania, colocan a México en una posición vulnerable. La posibilidad de que drones con misiles sobrevuelen nuestro territorio no es solo una afrenta a la soberanía, sino un recordatorio de lo frágil que es el control del Estado frente al crimen organizado.
La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido insistir en la defensa de la soberanía, pero las críticas no se hacen esperar. ¿Cómo hablar de independencia cuando el crimen organizado parece operar con total libertad? En muchas localidades, la violencia ha sido tan abrumadora que hasta las fiestas patrias han tenido que cancelarse. Los extorsionadores, narcotraficantes y tratantes actúan sin temor a las autoridades, mientras los ciudadanos viven bajo el yugo de la inseguridad.
La ironía es palpable: México depende de Estados Unidos en muchos sentidos, desde las importaciones de gasolina hasta las remesas que sostienen a millones de familias. Sin embargo, el discurso oficial sigue siendo el de la “independencia”. Mientras tanto, el narcopoder se fortalece, y la idea de una nación soberana suena cada vez más lejana. La corrupción, los sobornos y la impunidad han permeado las instituciones, dejando a la población en un estado de desconfianza permanente.
El artículo también menciona un escenario hipotético que no suena tan descabellado: si potencias extranjeras deciden intervenir, Chihuahua podría convertirse en un blanco fácil debido a su frontera con Estados Unidos. La idea de misiles cayendo en suelo mexicano, aunque sea como “daño colateral”, es un recordatorio de lo delicado que es el equilibrio actual. ¿Es este el precio de la supuesta soberanía que tanto se defiende?
Mientras el gobierno de Morena insiste en su narrativa de autonomía, la realidad pinta un panorama sombrío. Los cárteles no solo controlan territorios, sino que influyen en la vida cotidiana de millones de mexicanos. La pregunta sigue en el aire: ¿quién realmente manda en México? La respuesta, por ahora, parece estar más cerca de los capos que de las instituciones.