Dos exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), ligados al exrector Luis A. Fierro, han sido inhabilitados por seis meses tras ser encontrados culpables de una falta grave. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) determinó que el exdirector administrativo y la exjefa del Departamento de Tesorería omitieron pagar más de 209 millones de pesos a Pensiones Civiles del Estado, a pesar de contar con los recursos necesarios.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) destapó esta irregularidad al revisar las finanzas de la UACH. El adeudo, que asciende a 209 millones 802 mil 826 pesos, comprometió el flujo de efectivo de Pensiones Civiles, afectando directamente la seguridad social de sus afiliados. La omisión fue calificada como arbitraria, ya que los exfuncionarios conocían la importancia de cumplir con estas obligaciones.
El caso, resuelto por la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA, pone en evidencia las fallas en la gestión financiera de la UACH durante la administración de Fierro. Los exfuncionarios fueron sancionados por abuso de funciones, una falta grave que no solo impacta a la universidad, sino también a los trabajadores que dependen de Pensiones Civiles.
La resolución llega en un momento crítico para Pensiones Civiles del Estado, que enfrenta una crisis marcada por las quejas de sus afiliados debido a deficiencias en el servicio médico. La falta de recursos, agravada por omisiones como esta, ha limitado la capacidad de la institución para atender a sus derechohabientes de manera eficiente.
Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado, destacó la importancia de esta sanción en el contexto de la lucha contra la corrupción. La acción punitiva busca enviar un mensaje claro: las irregularidades en el manejo de recursos públicos tendrán consecuencias, especialmente cuando afectan servicios esenciales como la seguridad social.
La UACH, una de las instituciones educativas más importantes de Chihuahua, se encuentra bajo escrutinio tras este caso. La revisión de la ASE no solo detectó el adeudo millonario, sino que también expuso la falta de controles internos que permitieron esta omisión durante la gestión de los exfuncionarios.
Aunque la inhabilitación es de solo seis meses, el impacto de esta sanción va más allá. Los exfuncionarios enfrentan ahora un precedente que podría complicar su futuro en el servicio público, mientras que la UACH debe responder por la deuda pendiente y trabajar para recuperar la confianza de la comunidad.
Este caso se suma a otras irregularidades detectadas en la UACH en años recientes, lo que refuerza la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas. La sociedad chihuahuense espera que estas sanciones sean un paso hacia una gestión más responsable de los recursos públicos.
La crisis en Pensiones Civiles, exacerbada por este tipo de omisiones, sigue siendo un tema de preocupación generalizada. Los derechohabientes exigen mejoras en el servicio médico, mientras que las autoridades enfrentan el reto de garantizar que los recursos lleguen a donde deben.
La resolución del TEJA es un recordatorio de que el mal manejo de fondos públicos no solo tiene consecuencias legales, sino que también afecta directamente a la población. La atención ahora se centra en cómo la UACH y las autoridades estatales abordarán esta deuda para evitar más perjuicios a los afiliados de Pensiones Civiles.