Un nuevo proyecto de ley en Estados Unidos, impulsado por legisladores republicanos, busca imponer un impuesto del 5 por ciento a las remesas que envían los migrantes a sus países de origen. Esta iniciativa, que forma parte de la agenda del presidente Donald Trump, afectaría a más de 40 millones de personas, incluyendo a quienes tienen residencia permanente o visas temporales, como las H-1B, H-2A y H-2B.
La propuesta, conocida como “El Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley”, tiene como objetivo financiar medidas de seguridad fronteriza y desincentivar la migración irregular. Sin embargo, expertos advierten que este impuesto podría tener consecuencias graves para las economías de países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde las remesas son un pilar fundamental para millones de familias.
En México, las remesas alcanzaron un récord de 64 mil 745 millones de dólares en 2024, representando casi el 4 por ciento del PIB nacional. Estados como Chiapas y Guerrero dependen en gran medida de estos recursos, con un impacto del 15.9 y 13.8 por ciento en sus economías locales, respectivamente. Un impuesto de este tipo reduciría los ingresos de familias que destinan estos fondos a necesidades básicas como alimentación, educación y vivienda.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado la iniciativa como una “injusticia discriminatoria”. Argumenta que los migrantes ya pagan impuestos en Estados Unidos, por lo que este nuevo gravamen violaría tratados bilaterales, como el acuerdo de 1994 contra la doble tributación. Sheinbaum ha prometido mantenerse atenta a las discusiones en el Congreso estadounidense para defender los derechos de los migrantes mexicanos.
El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, también ha rechazado la propuesta, describiéndola como una medida discriminatoria que afecta a quienes contribuyen significativamente a la economía de Estados Unidos. México ha enviado una carta a la Cámara de Representantes estadounidense, solicitando diálogo y exponiendo los impactos negativos de este impuesto.
Organizaciones de defensa de migrantes y expertos en economía han alertado que esta medida podría fomentar el uso de canales informales para enviar dinero, aumentando los riesgos de fraude y evasión. Además, lejos de reducir la migración, el impuesto podría incentivarla, ya que muchas familias, al recibir menos recursos, podrían optar por emigrar para compensar la pérdida de ingresos.
En países centroamericanos como Guatemala, las remesas representan hasta el 20 por ciento del PIB, y en Honduras, casi el 26 por ciento. Comunidades como Cajolá, en Guatemala, dependen casi exclusivamente de estos envíos para sostener pequeños negocios y cubrir necesidades básicas, por lo que un impuesto de este tipo podría devastar sus economías locales.
El proyecto de ley aún debe pasar por varias etapas en el Congreso estadounidense, pero ya ha generado preocupación en toda América Latina. México planea enviar una comisión de legisladores para negociar con sus homólogos en Estados Unidos, buscando evitar que esta medida se concrete y afecte a millones de familias que dependen de las remesas para sobrevivir.