La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha logrado un importante precedente en Chihuahua al obtener las primeras sanciones contra dos exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) por no cumplir con el pago de cuotas a Pensiones Civiles del Estado (PCE).
Se trata del exdirector administrativo y la exjefa del Departamento de Tesorería de la UACH, quienes fueron inhabilitados por seis meses. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) determinó que ambos cometieron una falta grave al omitir el pago de las aportaciones destinadas a la seguridad social de los afiliados.
La resolución llega en un momento crítico para Pensiones Civiles, una institución que enfrenta serias dificultades financieras y constantes quejas por la calidad de su servicio médico. La omisión de estos pagos, según el TEJA, afectó directamente el flujo de efectivo necesario para que PCE pueda operar de manera eficiente.
El Auditor Superior, Héctor Acosta Félix, destacó que los exfuncionarios actuaron de manera arbitraria, ya que conocían la importancia de cumplir con estas obligaciones. A pesar de contar con los recursos, no realizaron los pagos correspondientes, lo que agravó la crisis de la institución.
Esta sanción es parte de una revisión más amplia que la ASE realizó sobre las finanzas de Pensiones Civiles y las instituciones afiliadas. La auditoría buscaba garantizar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, un tema que ha generado preocupación entre los trabajadores y afiliados de PCE.
La UACH, por su parte, arrastra una deuda histórica con Pensiones Civiles que asciende a aproximadamente 980 millones de pesos, según declaraciones recientes del rector Luis Alfonso Rivera Campos. Este adeudo, heredado de administraciones anteriores, sigue siendo un obstáculo para la universidad.
Rivera Campos aseguró que, desde su gestión, los pagos mensuales a PCE se han realizado puntualmente, pero reconoció que saldar la deuda total en el corto plazo es inviable debido a la falta de flujo financiero. La universidad busca alternativas para resolver esta situación a mediano y largo plazo.
La crisis de Pensiones Civiles no es un tema nuevo. Los afiliados han denunciado en repetidas ocasiones la falta de recursos, que se traduce en deficiencias en la atención médica y otros servicios esenciales para los trabajadores.
Este caso pone en evidencia los problemas estructurales en la gestión de los recursos destinados a la seguridad social en Chihuahua. Las sanciones, aunque un paso hacia la rendición de cuentas, no resuelven de fondo la situación financiera de PCE ni las carencias que enfrentan sus usuarios.
La sociedad chihuahuense espera que estas medidas sirvan como un mensaje claro para las instituciones públicas: el manejo responsable de los recursos es fundamental para garantizar los derechos de los trabajadores y el bienestar de los afiliados a Pensiones Civiles.