El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, sigue sin cumplir con la disculpa pública ordenada por un juez por la muerte de 40 migrantes en un incendio en Ciudad Juárez en 2023. A pesar de que el plazo original era de un mes, ahora tiene hasta julio de 2026 para realizar este acto, sin que hasta el momento se haya establecido una fecha concreta.
La tragedia ocurrió el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez, donde 40 migrantes perdieron la vida y 27 más resultaron heridos. Según organizaciones de derechos humanos, el personal del INM no abrió las puertas durante el incendio, dejando a las víctimas atrapadas. Este hecho desató una ola de indignación por la negligencia y las condiciones inhumanas en las que se encontraban los migrantes.
Garduño Yáñez, quien dejó su cargo el 30 de abril de 2025, estaba obligado a ofrecer una disculpa pública a las víctimas y sus familias como parte de las condiciones para suspender el proceso penal en su contra. Sin embargo, las fechas propuestas para este acto, como el 16 de abril y el 2 de mayo, fueron canceladas unilateralmente, sin garantizar la participación de las víctimas ni sus familiares.
Organizaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) han denunciado la falta de claridad en la logística del evento. Exigen que las víctimas, tanto las lesionadas como los familiares de los fallecidos, puedan estar presentes en un formato híbrido, virtual y presencial, y que tengan derecho a réplica. Hasta ahora, no hay avances concretos en esta demanda.
Además de la disculpa pública, Garduño debe cumplir con otras condiciones para evitar cargos por ejercicio ilícito del servicio público. Entre estas se encuentra tomar una capacitación en derechos humanos y garantizar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) compense a las víctimas. Sin embargo, las organizaciones señalan que aún no se ha reconocido a 15 mujeres que, aunque no sufrieron lesiones físicas, padecen daños emocionales por la tragedia.
El caso ha generado críticas hacia el gobierno federal, especialmente porque Garduño dejó su puesto sin cumplir con esta obligación. La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada, prometió revisar el caso, pero hasta ahora no ha habido pronunciamientos claros sobre las acciones a seguir. La falta de respuesta concreta mantiene la herida abierta para las víctimas y sus familias.
Las organizaciones defensoras de los migrantes han señalado que la disculpa pública no solo es un trámite legal, sino un acto de justicia para quienes sufrieron las consecuencias de la negligencia. La ausencia de una fecha definida y la constante postergación son vistas como una falta de respeto hacia las víctimas y un intento de evadir responsabilidades.
Mientras tanto, los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes continúan exigiendo justicia. En un mensaje dirigido a la presidenta Sheinbaum, han pedido que los responsables de no abrir las puertas de la estación migratoria enfrenten consecuencias y que este tipo de tragedias no se repitan. La espera por una disculpa y por medidas que garanticen la seguridad de los migrantes sigue prolongándose, sin un final claro a la vista.
La gestión de Garduño al frente del INM ha quedado marcada por este episodio, que expuso las fallas en la atención a migrantes en México. La demora en cumplir con la disculpa pública refuerza la percepción de opacidad y falta de compromiso con las víctimas de esta tragedia que conmocionó al país.